El déficit es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras (ingresos) de 60.156,28 millones, tras caer el 0,95 % interanual, y unas obligaciones reconocidas (gastos) de 62.906,11 millones, el 8,05 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Las cotizaciones sociales alcanzaron 50.185,8 millones, un 1,57 % menor que en el mismo periodo del ejercicio pasado, mientras que las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 59.241,44 millones, un 8,56 % más que un año antes.
La mayor partida de gasto, 54.976,66 millones, corresponde a las pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 9,17 %.
El gasto en incapacidad temporal (IT) se incrementó un 15,06 %, hasta los 4.104,72 millones, siendo el gasto registrado en IT por procesos derivados de la COVID-19 (que tiene una mayor cobertura al incluir también el aislamiento y no sólo la enfermedad) de 36,59 millones, un 0,89 % del gasto total.
El gasto en la prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos afectados por declaración del estado de alarma alcanzó hasta mayo 2.398,1 millones.
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