En rueda de prensa, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha explicado que se pone en marcha así un mecanismo incluido en la ley catalana 17/2019 hasta ahora nunca utilizado.
La expropiación, si se acaba llevando a cabo, debería resolverse en medio año y afectaría tanto al uso como a la propiedad del inmueble, a diferencia de las expropiaciones hechas hasta ahora, que solo repercutían en el uso.
La ley también marca que debería pagarse por la expropiación la mitad del valor del piso, el cual pasaría a formar parte del parque de vivienda pública de la ciudad.
Martín ha aclarado que los 14 grandes propietarios que recibirán la misiva no se librarán del proceso expropiatorio si ahora deciden poner los pisos en alquiler, sino que deberán demostrar que la vivienda ya está alquilada o con los trámites iniciados para ser alquilada, puesto que llevan ya como mínimo dos años vacíos.
Se han enviado cartas con relación a 194 pisos, pero hay otros 232 (hasta alcanzar los 426) en la misma situación: todos ellos aparecen inscritos como vacíos y sin uso social en el registro de la Agenda de la Vivienda de Cataluña (AHC por sus siglas en catalán).
De estos 194, un centenar son propiedad de la SAREB, mientras hay otro medio millar inscrito en el mismo registro cuyas condiciones se deben verificar.
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