Los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo se han reanudado activamente en las últimas semanas y su presidenta y exministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, busca el consenso de todas las formaciones, incluida Vox, partido que al inicio de la legislatura se mostró reacio a participar en esta comisión y votó en contra de su creación.
Sin embargo, fuentes socialistas han señalado que absolutamente todos los partidos están participando «con ganas de trabajar» y con «un debate constructivo» en la revisión de las 21 recomendaciones, casi cerradas en 2019, y que ahora se están analizando por bloques.
De momento, los partidos no han formulado cambios a las recomendaciones, lo que parece indicar que podría haber consenso en torno a la recomendación segunda que incluye el IPC real como valor de referencia para revalorizar la pensión cada año, un asunto que provocó uno de los debates más intensos el año pasado y que finalmente se cerró con el acuerdo de todos los partidos, salvo ERC.
«La intención es ver dónde están todas las posiciones y sumar entre todos», afirman las mismas fuentes.
Escrivá ha reiterado en varias ocasiones, tras la emergencia sanitaria del COVID-19, que es necesario cerrar este año las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, con el mismo espíritu de consenso que hubo en 1995.
El ministro ha recordado que el gasto en pensiones aumentará 2,5 puntos el gasto público en 2045 cuando haya 11 millones de pensionistas, y entre las medidas que sugiere a los parlamentarios para reducir el déficit de la Seguridad Social está la de seguir ampliando la separación de fuentes de financiación o la de desincentivar las prejubilaciones.
Algunos partidos como el PNV o ERC han sugerido al Ejecutivo que el gasto por cotizaciones sociales vinculado a las ayudas a los ERTE o a otras prestaciones sea financiado vía impuestos y no por la Seguridad Social, para no ahondar en su déficit.
Las recomendaciones que se está revisando ya incluyen que las políticas activas de empleo, las prestaciones por cuidado de hijos y otros subsidios o las subvenciones implícitas a regímenes especiales y los gastos de funcionamiento del sistema sean financiados vía Presupuestos Generales de Estado.
No así, las pensiones de viudedad que seguirían financiándose a cargo de la Seguridad Social.
Otra medida que impulsaría la recaudación -según Escrivá- tiene que ver con acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal incentivando la demora en la jubilación a través de la reordenación de los incentivos existentes y con una adecuada política de difusión de ellos.
Fórmulas para hacer compatible trabajo y jubilación, el desarrollo de la previsión social complementaria, con planes de empresa como los que existen en el País Vasco, son otras iniciativas que parten del Ministerio.
Entre las recomendaciones que estuvieron a punto de firmarse en 2019 están acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2025, elevar la dotación mínima del Fondo de Reserva del 5 % al 7 % del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad o que el Estado pueda compensar la falta de cotización de colectivos como las mujeres, que de forma involuntaria abandonaron temporalmente su empleo para cuidar a hijos o dependientes.
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