Según han informado fuentes del Ejecutivo de ambas fuerzas de la coalición, se espera que el Ministerio de Hacienda lleve esa propuesta a la reunión de este martes, después de que a principios de mes se aprobara la creación de este fondo que depende de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Desde entonces se ha especulado con la posibilidad de que Iberia recurriera a estas ayudas y aún más de que lo hiciera el grupo Globalia, dueño de Air Europa, después de trascender que negociaba con el Gobierno una ayuda económica, aunque con la condición de que el Estado no entrara en su capital.
Esa financiación daría un respiro a Globalia, también propietario de Halcón Viajes y los hoteles Be Live, cuyo presidente, Juan José Hidalgo, advirtió públicamente hace unas semanas de que sin ayudas, el sector iba «a durar un telediario».
El fondo permite que el Estado entre de forma transitoria en el capital de empresas viables con problemas de solvencia tras la pandemia, sin embargo, aún se desconocen los detalles sobre qué compañías pueden optar a él y los plazos para devolver las ayudas, cuestiones que algunos miembros del Gobierno creen que urge aclarar.
Hasta el momento sólo se conoce de forma general que los 10.000 millones de euros del fondo servirán para apoyar a las compañías, en principio, mediante la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital, pero siempre que las propias empresas lo soliciten y como opción de último recurso.
Queda por ver también si en la letra pequeña de la operativa del fondo se incluye como fórmula de rescate el apoyo mediante un préstamo participativo, medida que vería con buenos ojos alguna empresa ante la posibilidad de pedir ayuda.
Además queda por aclarar cómo se constituye el Consejo Rector que será el que decida en última instancia las inversiones del fondo y del que por el alcance de la medida quiere formar parte también el principal partido de la oposición, el PP.
La entrada del Estado en el capital de una compañía privada tiene que ser un «proceso excepcional» y debe circunscribirse a empresas estratégicas que fueran solventes antes de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, insistió la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez.
Tras la aprobación de la creación del fondo, el Boletín Oficial del Estado recogió que dicho Consejo Rector se da un plazo de seis meses para acudir al rescate de empresas y en el caso de que esa intervención suponga que el Estado adquiere más del 30 % del capital de la compañía, no tendrá que hacer una oferta pública de adquisición de acciones sobre el 100 % de la empresa.
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