La patronal de las agencias de colocación señala que desde el máximo alcanzado el 30 de abril, con casi 3,4 millones de españoles afectados por esta situación, 1,5 millones ya se han reincorporado a su trabajo.
«De prolongarse esta tendencia durante los próximos meses, el 30 de septiembre, fecha oficial de finalización de los ERTE ligados a la COVID-19, se encontrarían en esta situación alrededor de 780.000 personas», apuntan.
Y con esas cifras, hacen dos previsiones del impacto en el empleo en función de que se prorroguen, opción por la que ya abogó ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o no.
En el primer caso, Asempleo señala que se «propiciaría el mantenimiento de un notable número de empleos, lo que permitiría cerrar el año en alrededor de 18,55 millones de afiliados a la Seguridad Social, unos 700.000 menos que el nivel pre-pandemia».
Si no, estiman que alrededor de la mitad de las personas que a 30 de septiembre tuvieran esta situación perdería su empleo, es decir unos 400.000.
Esto repercutiría negativamente sobre el nivel de empleo a finales de año, que se situaría en los 18,25 millones, un millón menos que en febrero.
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