Tras el fracaso del decreto que había presentado el Gobierno y que fue rechazado por una amplia mayoría la semana pasada en el Congreso, el nuevo texto tendrá, según Hacienda, un impacto que superará los 3.000 millones de euros y en él se incluirán las medidas que «aparentemente» generaron un mayor consenso entre los alcaldes.
Es por ello, que el nuevo decreto no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso.
Según una nota de Hacienda, la ministra, María Jesús Montero, ha expresado la mejor de las disposiciones para escuchar las propuestas y soluciones alternativas que propongan los partidos políticos o los propios ayuntamientos.
Confía en que será posible encontrar una solución ajustada a la ley que permita atender las reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que necesitan los ciudadanos.
«El Gobierno es consciente de la importancia de los municipios para abordar la fase de reconstrucción económica y social del país al ser la administración más cercana a los ciudadanos», asegura.
De este modo, se recuperarán las medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes para los ayuntamientos, habilitando las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones.
El nuevo texto apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 -algo ya previsto en el anterior decreto-, prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones y ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas, entre otras.
Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, con un impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.
Por otro lado, también se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.
Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica.
Así, las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación y se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito.
Precisamente la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reúne este lunes para buscar soluciones a la falta de liquidez de los consistorios y después de que todos los partidos, salvo el PSOE y Unidas Podemos rechazaran la primera propuesta planteada por el Gobierno.
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