Tras las reuniones mantenidas durante esta última semana, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT estudian el documento que les ha hecho llegar el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Inclusión y Seguridad Social con los puntos de acuerdo consensuados, aunque existen diferencias en torno a las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y a los sectores que quedarán dentro de esta prórroga.
En el caso de los ERTE de rebrote (éstos no quedarían restringidos ni por actividad ni por sector), si se trata de un parón total de actividad por nuevas medidas de restricción derivadas de la pandemia del Covid-19, se establecen bonificaciones en las cuotas de las empresas a la Seguridad Social del 75 % para las empresas de más de 50 empleados, y en el caso de las empresas que cuentan con menos de 50 empleados las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social serían del 85 %. Aquí entraría uno de los puntos en los que no están de acuerdo todas las partes presentes en la negociación, pues en el supuesto de paro parcial este porcentaje de bonificación iría disminuyendo cada mes.
En el caso de los ERTE de fuerza mayor sí que dependiendo del sector, se plantean esquemas diferentes.
Para los especialmente afectados, definidos en una lista detallada de actividades CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que básicamente incluirían las relacionadas con el transporte y el turismo, las bonificaciones serían también del 85 % y el 75 % en función del tamaño de la empresa.
También se aplicarían estas ayudas a las empresas que formen parte de la cadena de valor de estos sectores y a empresas de otros ámbitos que demuestren depender de ellos y cuya facturación haya caído significativamente.
El resto de ERTE que no entren en todos estos supuestos dejarán de tener ya bonificaciones.
Actualmente, siguen en ERTE unas 600.000 personas, de los que 400.000 estarían directamente en los CNAE que propone el Gobierno.
Respecto a la protección de los trabajadores incluidos en ERTE, las partes han acordado mantener en el 70 % de la base reguladora la cuantía de la prestación también a partir de los seis primeros meses, cuando la ley obligaba a reducirla al 50 %.
Sobre el llamado «contador a cero», por el que el Gobierno repone a los trabajadores en ERTE los derechos a cobrar una prestación por desempleo en el futuro si fueran despedidos, ha habido más debate.
El Gobierno plantea que a partir del 1 de octubre las prestaciones empiecen a computar, pero deja fuera a todos los sean despedidos de forma improcedente, incluidos en un ERE o cuyo contrato finalice desde ahora y hasta finales de 2021.
Los agentes sociales también parecen haber logrado consensuar para los trabajadores fijos discontinuos cuya temporada ha finalizado sin tener derecho al desempleo una prestación especial por el 70 % de la base reguladora y durante la vigencia del acuerdo.
Estrella Digital