Estas mismas fuentes han confirmado la información dada a conocer por la cadena Ser este miércoles sobre la inhibición de la ministra.
La decisión de inhibirse de Reyes Maroto responde a una decisión personal de la ministra, ya que ni siquiera los servicios jurídicos han determinado si incurriría en un conflicto de intereses que le obligara a ello, ya que su marido no es ningún cargo con capacidad de decisión en la compañía, han señalado estas fuentes.
Asimismo, han indicado que Maroto ya ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se pronunciará sobre este asunto, que tendrá que ser autorizado por el Consejo de Ministros.
En marzo pasado, el Ejecutivo estableció, mediante real decreto, la obligación de que determinadas operaciones requirieran de autorización por parte del Consejo de Ministros para evitar que sociedades extacomunitarias aprovechen la crisis de la covid-19 para tomar el control de empresas españolas en sectores estratégicos, como puede ser el energético.
Entretanto esta semana es probable que entre el expediente de IFM para solicitar la autorización al Gobierno y a partir de ahí la Secretaría de Estado de Comercio dispondrá de un plazo de seis meses para emitir su informe, un periodo en el que analizará la documentación aportada, podrá requerir nueva documentación y argumentar por qué es estratégica Naturgy y la operación requiere de la autorización del Consejo de Ministros.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya dijo el pasado 2 de febrero que el Ejecutivo será «muy prudente y cauto» a la hora de pronunciarse sobre la opa lanzada por IFM, y señaló que cuando el fondo australiano haga su solicitud al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se analizará «con detenimiento el expediente».
El pasado 26 de enero IFM lanzó una opa por el 22,69 % de Naturgy por 5.060 millones, dirigida a inversores institucionales y minoritarios, y afirmó que no quería desplazar al principal accionista de Naturgy, Criteria -la sociedad holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación Bancaria La Caixa-, que tiene el 24,8 % del capital.
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