Así lo ha señalado durante la inauguración de un congreso sobre transparencia en la contratación de servicios organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), en el que ha instado a «extender» la transparencia y la confianza entre los ciudadanos de forma que las políticas estén «más y mejor evaluadas».
«Un país que no usa sus datos es un país que dificulta la evaluación de sus políticas», ha advertido al explicar que, a su juicio, existe cierto «sentido patrimonialista» de la información que gestionan las administraciones y que suele estar fiscalizada desde su vertiente «procedimental».
«No existen pocos organismos para monitorizar a las administraciones (…), pero están orientados a la evaluación de los procedimientos, no de los resultados», ha asegurado.
Ello, ha continuado, «genera disfuncionalidades y propensión a adoptar políticas diseñadas para ser robustas a la fiscalización del procedimiento a costa de sacrificar resultados reales».
Escrivá ha recordado de esta forma que «las buenas políticas no están escritas en Tablas de Moisés», sino que son «susceptibles de ser mejoradas» gracias a la «evaluación permanente de las acciones del Gobierno», el mecanismo que tiene la ciudadanía para «comprobar en qué medida estas políticas públicas contribuyen a solucionar sus problemas».
«La transparencia es el pegamento que hace que un Gobierno eficaz y democrático funcione conjuntamente de manera vigorosa (…) y permite que el conocimiento experto sea fiscalizado y orientado a las actividades sociales», ha apostillado.
Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha subrayado que actualmente el concepto de transparencia resulta «incuestionable».
«En pleno siglo XXI y con los niveles de exigencia democráticos más elevados de nuestra historia, la transparencia no puede entenderse como una forma de estar, sino como una forma de ser», ha opinado.
Ortega ha llamado a incluir la transparencia en todos los ámbitos de la gestión y no «como aspecto meramente estético» porque es, ha dicho, «un valor reputacional de primer orden», y ha afirmado que la ciudadanía tiene «derecho a saber».
«Las administraciones, las empresas y las instituciones tienen la obligación incuestionable de ser transparentes», ha agregado.
C.N.