Fuentes de SEPI han informado a EFE de que, una vez conseguida su madurez, el Fondo -que hasta ahora ha concedido ayudas por importe de 1.080 millones de euros, el 23 % del total solicitado- va a seguir requiriendo un volumen de trabajo que justifica su fortalecimiento.
Un fortalecimiento que responde a las exigencias derivadas de la cantidad y complejidad de las operaciones en curso y que se enmarca en la actualización de la estructura necesaria para gestionar el Fondo, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento de las operaciones durante los próximos meses y años.
MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES
En este sentido, SEPI ha ampliado sus medios humanos y materiales para la resolución de expedientes con la contratación de personal interino: 29 titulados superiores y profesionales de firmas de asesoría externa que analizan y evalúan de forma independiente la viabilidad financiera y jurídica de cada operación.
Los asesores externos son contratados para cada solicitud de apoyo financiero que recibe el Fondo en el ámbito de un contrato marco del que forman parte desde marzo pasado 40 despachos y consultoras de primer nivel previamente seleccionados con este propósito, 20 centrados en los aspectos jurídicos y el resto en el área financiera.
Las citadas fuentes recuerdan que SEPI ha venido realizando una intensa labor de análisis y trabajo de campo que se está materializando en la resolución de operaciones complejas y de gran impacto y que, por tanto, requieren de un estudio minucioso y muy riguroso.
PROCEDIMIENTO
El estudio de las operaciones se inicia a petición de la empresa, que debe presentar una amplia información sobre su actividad económica y el sector al que pertenece, el impacto causado por la pandemia y el plan de viabilidad propuesto para salir adelante, incluyendo el apoyo financiero público temporal requerido para alcanzar su viabilidad y la forma y fecha de devolución de dichos fondos.
A partir de entonces, SEPI analiza la documentación enviada para determinar en una fase preliminar si la información es suficiente o se requiere que la empresa amplíe aspectos concretos, necesarios para el análisis.
Posteriormente, se contratan dos asesores independientes, uno financiero y otro jurídico, mediante una licitación pública, para estudiar si se cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en la normativa, además de analizar la situación previa de la empresa, el impacto de la pandemia y la suficiencia de las medidas planteadas para su viabilidad.
El análisis requiere estudiar el sector al que pertenece la empresa, su posible evaluación y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos.
Incluye también las perspectivas de la empresa y las del ámbito de actividad en que se desenvuelve, su impacto económico y social, regional y nacional, su importancia para la economía, sus riesgos medioambientales y su plan de transición ecológica.
Todo ello de acuerdo con la regulación del Fondo, con miras a verificar la concurrencia de todos los requisitos de elegibilidad que llevan a conceder o denegar el apoyo financiero solicitado.
Finalmente, se deben elaborar todos los informes preceptivos y los contratos del apoyo financiero público temporal, estableciendo las condiciones de la financiación y los compromisos asumidos por la empresa, antes de elevar la propuesta de resolución al Consejo Gestor que, en caso de ser estimada, la lleva al Consejo de Ministros para su autorización.
La labor del Fondo no concluye con la resolución de concesión del apoyo financiero, sino que, al implicar este la concesión de un préstamo, se entabla a partir de entonces una relación duradera orientada a supervisar las garantías ofrecidas para la devolución de la ayuda y proceder en consecuencia.
A tal efecto, las empresas deben reportar información que permita al Fondo el puntual seguimiento de las operaciones y adoptar las decisiones que sean precisas según cada caso.
Más allá, pues, del análisis exhaustivo de cada expediente para determinar la concesión o denegación del apoyo público temporal, el Fondo debe realizar el seguimiento de cada uno de los expedientes durante toda la vigencia del citado apoyo, que puede alcanzar un horizonte temporal de hasta 7 años.
Este procedimiento es el que ha llevado a SEPI a reorganizar y reforzar la estructura dedicada al Fondo, a fin de garantizar que cuenta con los medios necesarios para desarrollar las tareas asignadas con el máximo rigor.
En este contexto de reforzamiento se enmarca el nombramiento como director del Fondo de Julián Mateos, un profesional de dilatada experiencia que llega a esta responsabilidad desde la Dirección de Negocios de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES).
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y ha trabajado en Abanca Corporación Bancaria, EVONGB, NovacaixaGalicia, Caixanova y Banco Popular, entre otras entidades financieras.
Esta Dirección continuará asumiendo la tarea desarrollada hasta ahora por el conjunto de la organización de SEPI en toda la actividad vinculada al Fondo de Solvencia, contando también con la obtención de nuevos medios humanos y materiales que ya se han empezado a implementar en un proceso que se completará en las próximas semanas.
OPERACIONES APROBADAS
El Fondo fue constituido hace un año y desde entonces ha aprobado las siguientes operaciones:
– Air Europa. Ayuda concedida de 475 millones en un préstamo participativo por importe de 240 millones y un préstamo ordinario de 235 millones.
– Duro Felguera. Ayuda de 120 millones en un préstamo participativo por importe de 70 millones, otro ordinario de 20 millones y una aportación de capital o, en su caso, nuevo préstamo participativo, por un montante global de 30 millones.
– Plus Ultra. Ayuda de 53 millones en un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.
– Ávoris Corporación. Ayuda de 320 millones, 163,2 millones en un préstamo participativo y otro ordinario de 156,8 millones.
– Tubos Reunidos. Ayuda de 112,8 millones en un préstamo participativo. EFE
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