Más allá de la quinta ola de la pandemia por la Covid-19, que de forma tan dramática está azotando a España y al resto de los países, en las últimas semanas -y especialmente en la primera quincena del mes de agosto- el precio de la electricidad se ha convertido en uno de los principales asuntos de preocupación de los ciudadanos españoles.
Día tras día se ha ido batiendo el récord del precio del mercado mayorista, alcanzando un valor medio diario de 117,29 €/MWh, precios que se trasladan a los contratos a tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor).
Los argumentos que se están poniendo encima de la mesa para explicar esta escalada -el precio prácticamente se ha triplicado en el último año- son fundamentalmente el aumento del precio del gas natural en los mercados internacionales y el incremento del precio de los derechos de emisión del CO2, por la reducción de la cantidad de éstos que se asignan gratuitamente por las autoridades competentes europeas para hacer frente a la lucha contra el cambio climático. Esta escalada de precio ha generado críticas a la estructura marginalista del mercado mayorista.
Los ciclos combinados -que utilizan el gas natural como combustible y han de comprar derechos de emisión para compensar las emisiones de CO2 que producen en su funcionamiento- están siendo la tecnología que marca el precio en el mercado mayorista de la electricidad en muchas horas del día, ante la falta de contribución de otras tecnologías, especialmente la eólica, cuya producción se ve afectada por factores meteorológicos condicionados por una gran volatilidad en su disponibilidad.
Sin embargo, ante esta escalada de precios, el parque nuclear español podría garantizar la cobertura a largo plazo de todos los contratos(1) a tarifa regulada PVPC, actualmente indexados al precio del mercado mayorista, a un precio estable y muy inferior al actual.
- (1) La potencia nuclear tan solo representa el 6,5% de la potencia total instalada del país. No obstante, proporciona un suministro firme, continuo y fiable a lo largo de todo el año de más del 20% de la demanda anual de energía eléctrica en nuestro sistema eléctrico, como lo lleva haciendo en la última década.
Adicionalmente, en la operación del parque nuclear no se emite a la atmósfera CO2 ni otros gases de efecto invernadero, lo que le convierte en esencial en la lucha contra el cambio climático. La realidad es que el parque nuclear español evita la emisión de varias decenas de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año, produciendo entre el 30% y el 40% de la electricidad limpia consumida en nuestro país.
Ahora bien, a pesar de su excelente funcionamiento que aporta fiabilidad al sistema eléctrico, sin tensionar los precios ni contribuir al cambio climático, la producción nuclear en España se ha visto sometida a una creciente y asfixiante presión fiscal en los últimos ejercicios que ha incrementado significativamente su coste y la hace no competitiva a medio plazo.
Si se llevase a cabo una reducción de la carga tributaria -impuestos y tasas, muchos de ellos redundantes- que sufre, el parque nuclear podría contribuir con un precio aún más competitivo a la cobertura de los contratos a tarifa regulada de los hogares españoles, minorando el efecto negativo que sobre las economías familiares acogidas al PVPC están teniendo los actuales altísimos precios del mercado mayorista.
Además, dicha reducción de la carga tributaria ayudaría a su viabilidad económica, permitiendo la continuidad de la operación de las centrales nucleares españolas hasta sus fechas de cierre ordenado, acordadas en marzo de 2019 bajo el auspicio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como energía de transición para facilitar la descarbonización del sistema eléctrico.
Sin embargo, la realidad es que esta alternativa que permitiría garantizar un precio de la tarifa PVPC muy inferior al actual no está entre las opciones que estudia el Gobierno. Muy al contrario, el pasado 3 de agosto, el Gobierno de España ha aprobado para su remisión al Congreso un proyecto de Ley “por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico”, en el que se contempla la implementación de un mecanismo que detraiga de la retribución obtenida por la producción eléctrica de origen nuclear el que ha venido en denominarse dividendo de carbono, estimado en unos 400 M€ al año, de acuerdo con la información de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De esta forma, se penalizará una vez más el funcionamiento de algunas tecnologías no emisoras y económicamente competitivas como la nuclear. Mantener una elevadísima fiscalidad como la actual, junto al mecanismo que propone el proyecto de Ley, hará insostenible e inviable la operación del parque nuclear en los próximos ejercicios y le abocarán a su cierre antes de lo previsto, agravando la situación actual de altos precios en el mercado mayorista e incrementando las emisiones de CO2.
Todo esto pondría en duda y haría prácticamente imposible el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) -aprobado por el Gobierno de España en marzo de 2021-, cuyos dos principales objetivos -y el de toda la estrategia sobre transición ecológica- son la descarbonización de la economía en el horizonte 2050, mediante una exigente reducción de las emisiones de CO2 para alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos internacionales, y el abaratamiento de la factura de la electricidad de los ciudadanos.
Por ello, es necesario que se estudie un posible mecanismo que dé estabilidad al precio de la energía que se traslada al PVPC utilizando la producción nuclear como garante y que simultáneamente contribuya a hacer viable la generación nuclear, como energía de transición para alcanzar los objetivos de descarbonización y, con ello, frenar el cambio climático.
Estrella Digital