El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto la primera sanción a un propietario por cobrar una renta más alta de la permitida por la ley catalana de regulación de alquileres.
La multa, de 9.000 euros, llega un año después de la aprobación de la normativa y es fruto de la denuncia que los inquilinos del piso trasladaron al consistorio.
Los tres compañeros de piso empezaron a vivir en el inmueble en diciembre de 2020, cuando la ley de contención de arrendamientos ya estaba vigente, y meses más tarde comprobaron que el propietario de la vivienda había incrementado el precio del alquiler respecto al anterior contrato, una práctica prohibida por la ley, excepto en casos específicos y justificados, ha explicado este miércoles el Sindicato de Inquilinos, al que están afiliados los arrendatarios.
En concreto, tras consultarlo en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), los inquilinos descubrieron que el contrato anterior era de 950 euros, en lugar de los 1.200 que ellos estaban pagando, por lo que decidieron denunciar los hechos al consistorio.
«El Ayuntamiento nos dio la razón, pero nosotros seguíamos pagando un alquiler ilegal», ha criticado en declaraciones a Efe Ramon Casas, uno de los inquilinos.
Por ello, exigieron al propietario que les bajara el alquiler al precio que marca la regulación, en este caso el del anterior contrato, tal y como avala la sanción administrativa del Ayuntamiento.
«Nos pusimos en contacto con la propiedad y les reclamamos que ajustaran el precio del alquiler a la legalidad, diciéndoles que dejaríamos de pagar la diferencia. Pero nunca han querido reunirse y todo lo que nos han ofrecido es que nos marchemos del piso si no nos gusta el precio», ha añadido.
Ante esta situación, los inquilinos han decidido tomar medidas legales y han presentado una demanda contra la propiedad para que les devuelva las cantidades que les ha cobrado de más durante los últimos meses.
Además, desde agosto han reducido la renta que pagar hasta los 950 euros que establece la regulación.
Sobre el importe de la multa, Casas ha considerado que la sanción del consistorio es «ridícula», pues es la cantidad mínima prevista en la ley y «no impide que la propiedad siga infringiendo la ley».
Más allá de la multa por el alquiler abusivo, Casas ha denunciado que la propiedad del piso ha cometido otras irregularidades, como fingir que era una persona física, cuando realmente es una empresa, para cobrarles los honorarios, que ascendían a 1.600 euros.
Los inquilinos lograron que la propiedad les devolviera el importe, dado que, según el real decreto 7/2019 aprobado en febrero de 2019 por el Gobierno central, los honorarios deben pagarlos los arrendadores cuando la propiedad corresponde a una persona jurídica.
Desde el consistorio han confirmado que se trata de la primera sanción interpuesta a un propietario y han indicado que hay otro expediente incoado y distintos en estudio.
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