En una nota de prensa remitida a los medios, la empresa asegura que acepta la sentencia del alto tribunal y que está a la espera de su texto completo, pero mientras tanto argumenta que el despido colectivo se propuso por esta situación «insostenible», cuyas pérdidas cifra en unos 160 millones de euros en los últimos tres años (2018-2020).
Una situación que atribuye a la falta de «un marco energético competitivo» en España que se ha agravado «significativamente» en los últimos meses, con una previsión de precio de energía en el cuarto trimestre de 2021 para la planta por encima de los 170 euros por megawatio hora.
Este hecho confirma aún más la inviabilidad de la planta en las circunstancias actuales, según la empresa, que quiere poner en valor que a pesar de la situación «nunca ha propuesto cerrar la planta y ha ofrecido numerosas alternativas razonables, como un ERTE».
También cita entre las alternativas la de mantener las cubas de electrólisis en condiciones de reinicio, una venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para una transferencia posterior a un tercero, o la posibilidad de una venta directa a un tercero siempre que la planta obtenga previamente «acceso a un marco energético competitivo».
De esta manera ha reaccionado la multinacional tras conocer el fallo de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que se ha alineado con las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ha declarado nulo el ERE que la empresa quería aplicar en la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo). EFE
M.M.