El problema radica en que, si se contratan de forma privada, el IVA asociado a los servicios de atención a la dependencia es del 10 %, mientras que si se cuenta con plaza en un centro público o concertado, el IVA es seis puntos inferior, han explicado estas asociaciones en una rueda de prensa conjunta.
Las organizaciones, representantes de más de ocho millones de pensionistas y jubilados, han firmado un manifiesto para pedir que se grave siempre el 4%, pues el servicio es idéntico sea público o privado.
El secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), Jesús Cubero, ha asegurado que mantienen la esperanza de conseguir esta semana que la enmienda, que fue presentada por PdCat, ERC y PP, llegue finalmente a tramitarse.
De no ser así, ha insistido Cubero, recurrirán «sin dudar a la justicia europea».
Los servicios a la dependencia que se ven afectados por esta disparidad son la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día o de noche y la atención residencial.
Este «doble rasero», ha explicado la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia(CEAPs), Cinta Pascual, perjudica a cerca de 100.000 personas que se encuentran «en el limbo de la dependencia».
Están en el limbo porque para que se les asigne una plaza en un centro público o concertado deben esperar de media 468 días, aunque la ley estipule un máximo de 180, lo que obliga a muchos a contratar los servicios de forma privada, subrayan en su manifiesto.
«Hay casos en los que la espera es más larga que su esperanza de vida», ha proseguido Pascual, incidiendo en que no reclaman «una medida fiscal, si no de justicia social».
El manifiesto sostiene que, siendo estas prestaciones un derecho universal recogido en la ley de dependencia, es una «injusticia histórica» que se incremente el IVA en los servicios privados, mientras «el sistema público es ineficaz». EFE
A.M.