El diario El País adelantaba este miércoles que esa incautación se debe a que, según el Gobierno, en algunas de las concesiones adjudicadas por el Ejecutivo anterior en las subastas organizadas entre 2016 y 2017 o no se han cumplido los plazos fijados, o no se han puesto en marcha los proyectos tal y como se autorizó.
En la subasta de 2016, organizada por el Gobierno anterior, se adjudicaron 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa. El aval exigido fue de 20.000 €/MW y, si no había hitos, se cancelaba en el plazo de construcción en marzo 2020.
Las garantías depositadas ascendieron a 14 millones y se construyeron en plazo 677 MW, por lo que se quedaron fuera de construcción 22 MW.
Debido a esto el Estado se ha incautado o está en trámite de incautación de 440.000 euros en garantías, han indicado las citadas fuentes del Ministerio.
En las subastas de 2017 se adjudicaron 4.109 MW fotovoltaicos y 4.107 MW eólicos, con un aval exigido de 60.000 €/MW, que se devuelve progresivamente cumpliendo hitos (como identificación de potencia, obtención de la autorización administrativa, inscripción en el registro…)
En la primera subasta de 2017 se adjudicaron 3.000 MW. Se depositaron en garantías 180 millones y se construyeron en plazo 1.760 MW, quedando fuera (pierden el régimen regulado) 1.154 MW y no construidos 86 MW, por lo que el Gobierno se ha incautado o está en trámite 38,6 millones en garantías.
En cuanto a la segunda subasta de 2017, se adjudicaron 5.136 MW y se depositaron 308,2 millones en garantías.
Se construyeron en plazo 3.744 MW y 686 MW fuera de él (pierden el régimen regulado) y 705 MW se quedaron sin construir, por lo que el Estado ha incautado o esta en ello 58,9 millones de euros en garantías. EFE
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