El 29 de marzo de este año se firmó un acuerdo por parte del entonces Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias -actualmente de Derechos Sociales-, el Departamento de Empresa y Endesa, según el cual la Generalitat y la compañía asumían al 50 % la deuda acumulada por más de 35.000 familias catalanas.
La Alianza contra la Pobreza Energética ha informado este viernes de que los usuarios han comenzado a recibir cartas firmadas por el director de Atención al Cliente de Energía XXI, Miguel Funes, en las que se les comunica que «ya no tiene esta deuda».
En las misivas también se asegura que «ninguna sociedad que forme parte de Endesa ni otras empresas de recobro externas podrán reclamarles ningún importe por este concepto, ni por ningún medio, ni judicial ni extrajudicial».
«Por fin se comienza a hacer efectiva la condonación de la deuda acumulada para más de 35.000 familias, tal y como se acordó en los convenios firmados entre Endesa y la Generalitat en marzo de 2021», ha valorado hoy la Alianza en un comunicado.
Según esta organización, «el origen del éxito que hoy celebramos se remonta a 2015, año en el que se aprobó en Cataluña la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética», una iniciativa legislativa popular impulsada por la PAH, la propia Alianza y el Observatorio DESC.
El acuerdo entre la Generalitat y Endesa se alcanzó después de que la compañía enviara en el verano de 2019 una carta a decenas de ayuntamientos catalanes amenazándoles con cortar el suministro de los servicios básicos a miles de familias vulnerables si los consistorios no se hacían cargo de la deuda acumulada por estas personas.
Un grupo de trabajo en el que estaban representados el Govern, las diputaciones catalanas, el ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, las entidades municipalistas, la Mesa del Tercer Sector Social y la Alianza estudió una propuesta de convenio que se presentó a Endesa en diciembre de 2019, para solucionar el problema.
No obstante, no fue hasta marzo de este año cuando, en plena crisis por la pandemia, Endesa se avino a hacerse cargo del 100 % de las facturas impagadas entre 2015 y 2018 mientras que la Generalitat, junto con otras administraciones públicas, asumían el 50 % de las deudas acumuladas entre 2019 y 2020.
La Alianza contra la Pobreza Energética ha criticado, no obstante, que desde la firma de marzo pasado «hemos constatado un preocupante baile de cifras y una enorme falta de transparencia por parte de Endesa en la cuantificación de la deuda, lo que hace difícil saber cuál es exactamente el porcentaje de la deuda total que acabará asumiendo la compañía».
Tras las elecciones y el cambio de Govern, el pasado 9 de noviembre el ejecutivo catalán aprobó una partida de 10,8 millones de euros para abonar a Endesa la parte de la deuda que se había comprometido a asumir, y que se ejecutará en tres pagos hasta 2023.
«Ahora que las cartas empiezan a llegar a las familias, celebramos que hemos dado un gran paso hacia la implementación de los convenios», que, recuerda la Alianza, contienen más compromisos que aún no se han cumplido, como hacer una auditoría independiente de la deuda declarada por Endesa y la instalación de contadores sociales de electricidad. EFE
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