Avalada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que ha tenido un papel relevante en su redacción, la futura ley declara la arquitectura como un bien de interés general, lo que implica la obligación por parte de los poderes públicos de protegerla, preservarla, promocionarla y fomentarla, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias y siempre desde el principio de calidad.
El texto, que el Gobierno ha enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria, fundamenta el principio de calidad en elementos como la innovación, la versatilidad y facilidad para adaptarse a nuevos usos y modos de habitar a lo largo del ciclo de vida, la armonía, la protección de los valores preexistentes, la gestión óptima de los recursos en un contexto de una economía circular, la eficiencia energética, la promoción de energías renovables, la protección medioambiental y del paisaje, la accesibilidad universal y la higiene, salubridad y confort.
Obliga, por ejemplo, a la Administración General del Estado a la difusión nacional e internacional de la arquitectura, al apoyo a las empresas y a los profesionales españoles, al establecimiento de incentivos y premios que reconozcan la calidad, al impulso de la investigación y la innovación y a la protección de los valores del patrimonio construido y el fomento de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas bajo el principio del desarrollo urbano sostenible.
DOS NUEVOS ÓRGANOS
A través de esta ley se crean dos nuevos órganos, el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura y la Casa de la Arquitectura, que tratan de orientar la actuación de los poderes públicos hacia esa calidad.
El Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura tendrá como función principal servir de plataforma de intercambio de conocimiento y de participación, así como de consulta y asesoramiento en las materias relacionadas con los contenidos de esta Ley, para conseguir como fin último que las obras promovidas por estas administraciones se ajusten al principio de calidad enunciado en esta Ley.
La Casa de la Arquitectura, que pretende impulsar esta disciplina como una herramienta de diplomacia cultural, se concibe como un museo de titularidad y gestión estatal que pretende ejercer tanto las funciones propias de un museo adaptado a la actualidad, como servir de plataforma de intercambio entre instituciones y asociaciones vinculadas a la difusión de la arquitectura y establecer mecanismos de colaboración con el sector educativo y los entes locales.
Todo ello con la finalidad de mejorar el conocimiento del patrimonio arquitectónico en el conjunto de la sociedad desde edades tempranas.
El Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura solicitará de oficio la incoación de expedientes de protección ante las administraciones públicas competentes en relación a ejemplos de arquitectura de calidad reconocida.
AGILIZAR CONTRATOS
Además, la ley recoge en una de sus disposiciones finales una serie de modificaciones de la ley de contratos del sector público para agilizar la tramitación de determinados contratos complementarios, como son los contratos menores de dirección de obra.
También, para facilitar la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la dirección de la obra como medida, con el fin de garantizar la coordinación, y para que el órgano de contratación pueda estimar la especial complejidad de los proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo, con la finalidad de impulsar la celebración de concursos atendiendo a la calidad de las propuestas.
Según el Gobierno, aunque la ley nazca para dar respuesta a un momento excepcional, lo hace también con el propósito de establecer un marco global perdurable en el tiempo, dinámico y con capacidad de adaptación a nuevos desafíos y objetivos, por lo que incluye entre sus objetivos la elaboración de una Estrategia Nacional de Arquitectura.EFE
A.M.