En una nota de prensa, la FAPE ha dicho que este proyecto de reforma de las cotizaciones por ingresos reales de los autónomos no cumple con el objetivo de «ayudar a aquellos que menos facturan», lo que en su opinión «puede suponer el final del periodismo ‘freelance'», que en España ejercen 73.315 profesionales.
La FAPE explica que en la actualidad es posible elegir la base de cotización de los autónomos, pero la propuesta prevé que la Seguridad Social imponga una cuota basándose en los rendimientos netos de un periodo «aún por determinar», menos los gastos.
«Asimilar la cotización en Seguridad Social de los ‘freelance’ a los rendimientos de las actividades económicas -la facturación menos los gastos deducibles -, es desconocer que muchos periodistas autónomos no pueden deducirse gastos que sí tienen en la actividad, desde carburante a vestuario, telecomunicaciones o centro de trabajo que, en muchas ocasiones, se trata de una dependencia del domicilio familiar», señala.
De esta forma, la FAPE advierte de que se puede dar el caso de que «durante un periodo de pocos encargos periodísticos se pague lo mismo que cuando se tuvo la suerte de contar con más colaboraciones».
Además, alerta de que la propuesta supondría en algunos casos aumentar las cuotas de autónomos a más de la mitad, incluso a cuadriplicarlas, mientras que a los que más le baja se beneficiarán de un descenso del 20 % de la actual cuota en el plazo estimado de nueve años por el Gobierno.
Por todo ello, la FAPE ha mostrado su rechazo a una reforma que considera que «no va a solucionar ninguno de los problemas de los ‘freelance’, sino que sólo sirve para recaudar más a costa de los periodistas y trabajadores autónomos en general».
El Gobierno ha propuesto trece tramos para la cotización por ingresos que comienzan con unas cuotas en 2023 para los que tengan rendimientos mensuales inferiores a 600 euros y terminan con un último tramo para los tengan rendimientos superiores a 4.050 euros al mes.
Las cuantías van variando en los nueve años en los que se prevé la transición desde el sistema actual, para terminar entre 183 euros y 1.260 euros mensuales en 2031. EFE
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