Este incremento, anunciado este miércoles por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido negociado con los agentes sociales y satisface las demandas de los sindicatos, que reclamaban los 1.000 euros.
El Gobierno ha querido llevar de nuevo el SMI al diálogo social a pesar de que la ley solo establece la mera consulta previa a los agentes sociales, según ha destacado la vicepresidenta, que ha agradecido no solo a UGT y CCOO, sino también a la CEOE y Cepyme el haber participado en la negociación, aunque finalmente el acuerdo haya sido bipartito, algo que sucede por segunda vez consecutiva.
Para Díaz, alcanzar los 1.000 euros en 2022 «es un hito muy importante» para un país que venía de la legislatura previa del PP con un SMI de 735 euros brutos mensuales que condenaba a los trabajadores a la pobreza.
«Lejos de todo lo que se ha dicho, subir el SMI ha sido muy positivo para nuestro país y también para la economía (…) una distinta política de rentas es lo que hoy hace que estemos mejor que en tiempos precedentes», ha subrayado Díaz.
La vicepresidenta ha hecho hincapié en la incidencia directa que el incremento del SMI tiene en sectores más vulnerables de la población trabajadora como son los jóvenes y las mujeres, y ha recordado que desde 2019 la brecha salarial de género se ha reducido en 4,8 puntos.
Díaz ha incidido en que el Gobierno volverá a subir el SMI en 2023 para cumplir con su compromiso de alcanzar al cierre de la legislatura el 60 % del salario medio, para lo que volverá a convocar al Comité de Expertos para que actualice sus recomendaciones en base a los últimos datos de la encuesta de estructura salarial.
En referencia a las quejas de las organizaciones patronales sobre las dificultades para subir salarios en sectores como el campo, ha dicho que no hay datos que lo avalen puesto que la afiliación en este ámbito está en récord.
LA PATRONAL RECHAZA UNA SUBIDA QUE HA SIDO «LENTEJAS»
Antes de entrar a la reunión de esta mañana, la directora de Empleo de la CEOE, Rosa Santos, reafirmaba la posición de la patronal que cree que no es el momento adecuado de volver a subir el SMI y se quejaba de que la negociación ha sido «prácticamente lentejas», puesto que nunca había estado encima de la mesa la posibilidad de que el incremento fuera menor.
En declaraciones a Onda Cero, Santos ha denunciado la actitud «cainita» de un Gobierno que sube el SMI pero no deja repercutir esa subida a las empresas adjudicatarias de contratos con la administración.
«Somos partidarios de incrementar salarios y rentas en la medida en que la situación sectorial lo permita», ha dicho, al tiempo que ha considerado que un salario de 1.000 euros interfiere en la negociación colectiva.
SINDICATOS CRITICAN A LA PATRONAL POR NO CUMPLIR CON SUS ACUERDOS
Los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han rechazado este extremo y han recordado que el último acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) 2018-2020 suscrito con la patronal incluía el situar el salario mínimo en convenio en los 1.000 euros en 14 pagas.
«La negociación del AENC fue muy dura en este punto y pensamos que iba a cumplir. Si hubiera cumplido, la afectación de esta subida sería pequeña. Ahora muchos convenios verán incrementados los salarios», ha dejado claro Álvarez.
«Las organizaciones empresariales se han mostrado insumisas a las recomendaciones que la CEOE y Cepyme pactaron con los sindicatos», ha reconocido Sordo.
Sordo ha recordado que la subida beneficiará a 1,8 millones de trabajadores, siendo su perfil el de «una mujer de entre 16 y 34 años, con contrato temporal y empleada en el sector agrario o en los servicios».
«La subida a 1.000 euros va al corazón de las personas que menos tienen», ha dejado claro Pepe Álvarez, quien ha rechazado los argumentos de algunos que dicen que «el SMI destruye empleo», cuando en realidad es «un instrumento para activar la economía». EFE
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