Así lo ha anunciado el Ministerio de Transportes después de casi doce horas de reunión -una vez excluidos los recesos-, un consenso con el que ambas partes confían en convencer a los transportistas en paro indefinido a retomar finalmente su actividad.
No obstante, los responsables de la llamada Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte insistieron el jueves en que descartaban «totalmente» poner fin al paro independientemente del resultado de la negociación, y de hecho para este viernes han convocado una manifestación frente a la sede del Ministerio del ramo en Madrid.
El documento suscrito por las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros.
Según el desglose del Ministerio, más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras.
Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo.
Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.
El acuerdo incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos ICO al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros).
Asimismo, el Gobierno se compromete a enviar al CNTC antes del 31 de julio un borrador de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte «los principios de la ley de la cadena alimentaria» para evitar un abuso de la subcontratación e impedir que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.
Todas estas medidas entrarán en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para el consejo de ministros del próximo martes 29 de marzo como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.
«El Gobierno ha cumplido con su parte y el sector del transporte debe ser responsable (…) no es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre, las reivindicaciones del Comité y de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen motivos ni excusas para no retomar totalmente la actividad», ha defendido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
En rueda de prensa tras dar por finalizada la reunión, Sánchez ha pedido a los transportistas participantes en el paro de estos días que se lean el acuerdo y ha apelado a su «responsabilidad» para recuperar la normalidad después de los problemas de suministro registrados como consecuencia de su movilización.
Sobre el anunciado rechazo de la Plataforma a las medidas consensuadas hoy por no haber sido partícipe de la negociación, la ministra ha insistido en que «lo importante no es quién se sienta en la mesa», y ha defendido que las asociaciones que forman parte del Comité son los interlocutores válidos debido a que fueron elegidas recientemente por todo el sector.
Preguntada por qué el Gobierno tardó en actuar más de una semana desde que arrancó el paro -el pasado 14 de marzo-, Sánchez ha subrayado que su incidencia fue «muy minoritaria» en un principio y que con el paso de los días ya se sumaron «muchos transportistas de buena fe» debido a que la subida del precio de los carburantes dificultaba su operativa.
No obstante, ha lamentado los actos violentos registrados desde que comenzaron las protestas, y ha recordado que se movilizaron en estos días 24.000 agentes para impedir este tipo de situaciones y garantizar la seguridad de 5.000 convoyes organizados para garantizar el suministro.
El presidente del CNTC, Carmelo González Sayas, ha precisado a los periodistas que el acuerdo se ha tomado «por unanimidad». EFE