La interinidad en las Administraciones Públicas ha pasado del 30,4 % en el primer trimestre de 2021, al 31 % a cierre de ese año y al 32,5 % en el primer trimestre de 2022, llegando el número total de empleados públicos con contrato temporal a 1,13 millones, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Por el contrario, la tasa de temporalidad en el sector privado ha caído casi dos puntos, pasando del 23,9 % a cierre de 2021 a un 22,1 % en el primer trimestre, gracias al efecto de la reforma laboral, en vigor el 31 de diciembre, que ha limitado significativamente la contratación temporal.
El aumento de los contratos temporales en la Administración responde, según explica a EFE la secretaria de Políticas Públicas de FSC-CCOO, Miriam Pinillos, al «retraso en las convocatorias de las ofertas de empleo público y en la puesta en marcha de los procesos de estabilización en el empleo».
La temporalidad no es igual en todos los niveles del ámbito público, ya que está alrededor del 10 % en la Administración General del Estado (AGE), por encima del 30 % en las comunidades autónomas y en el 25 % en la Administración Local, según las cifras que maneja CSIF.
BRECHA DE GÉNERO Y DE EDAD
La temporalidad en el sector público presenta una brecha de género evidente, del 24 % para los hombres y del 38,5 % para las mujeres, algo que CSIF atribuye a que «sectores como la educación y la sanidad están muy feminizados y son los que reciben mayor impacto de la temporalidad».
Esa brecha se intensifica entre los menores de 25 años, con una temporalidad del 86,7 %, que escala hasta el 92,6 % para el caso de las mujeres menores de esa edad.
Para CSIF, la brecha generacional también se debe al funcionamiento de sectores como la sanidad y la educación, y denuncia que el acceso a ámbitos «fundamentales del estado del bienestar» muchas veces se produce a través de un contrato de duración determinada.
CCOO añade que hay una demanda estructural que no cubren las ofertas de empleo público, ya que durante años se suprimió la tasa de reposición y la carga de trabajo ha aumentado.
ACUERDO PARA LA ESTABILIZACIÓN
La temporalidad es un problema que la Administración lleva arrastrando desde hace décadas, si bien no superó la barrera del 30 % hasta el primer trimestre del pasado año.
Desde 2002, la temporalidad solo ha bajado del 20 % en seis trimestres entre los años 2012 y 2014, pese a que en 2017 el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, firmara un acuerdo con los sindicatos para reducir la interinidad al 8 %.
El actual Gobierno se comprometió también con la reducción de la temporalidad en el sector público con una ley de medidas urgentes aprobada en julio de 2021 y tramitada como proyecto de ley en el Parlamento, que recoge el acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos para conseguir ese 8 % antes de 2025.
El texto contempla que las plazas interinas consideradas estructurales, unas 300.000, deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024, para lo cual todos los procesos deberán estar aprobados y publicados antes del 1 de junio de 2022 y convocados antes del 31 de diciembre de 2022.
Ese nuevo proceso de estabilización será por concurso-oposición para quienes llevasen tres años ocupados de forma temporal e ininterrumpida a 31 de diciembre de 2020, siendo la experiencia un elemento determinante para la valoración.
Las plazas que hubieran estado ocupadas de manera temporal e ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 se convocarán solo por el sistema de concurso de manera excepcional.
No superar el proceso dará lugar al despido con una indemnización de 20 días de las retribuciones fijas por año trabajado, aunque no se compensará económicamente a quienes no participen en el proceso selectivo.
Para evitar el mismo problema en el futuro, la ley establece que las vacantes solo se cubrirán con personal interino cuando no sea posible hacerlo con funcionarios de carrera y por un plazo máximo de tres años.
LOS SINDICATOS PIDEN COMPROMISO Y VOLUNTAD
Pese a la aprobación de la ley, Pinillos (CCOO) considera que «muchas administraciones» todavía no han cumplido con el proceso de estabilización, aunque asegura que «si cumplen, sin duda al final del proceso en 2024 se cumplirá el objetivo de acabar con la lacra que supone la temporalidad».
La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque entiende que lo fundamental, una vez que el decreto ley ha sido aprobado, es que las administraciones tengan «la voluntad de querer terminar de una vez por todas con la temporalidad».
Fuentes de Función Pública han recordado a EFE que es cada administración (estatal, autonómica o local) la que convoca las pruebas correspondientes a sus propios cuerpos o escalas de personal y la que tiene que cumplir con la ley, sin que por el momento tengan el dato de cuántas plazas de estabilización se han convocado ya.
