Fuentes del Ministerio han destacado, en declaraciones a Efe, que no compensar a esos propietarios por la cesión de propiedades, como pretende Podemos, corre riesgo de ser declarado inconstitucional.
Por ello, la parte socialista del Gobierno defiende que la solución -que irá recogida en un Real Decreto a aprobar, previsiblemente, antes de fin de año- debe ser la compensación por esa cesión de propiedad, porque para favorecer a los más vulnerables «no puede haber dudas de la constitucionalidad del decreto», según estas fuentes.
El Real Decreto ampliará hasta el 9 de mayo la prórroga de la paralización de los lanzamientos (expulsión de la vivienda) e incorpora en el colectivo a proteger a quienes vivan en una situación de vulnerabilidad y hayan ocupado viviendas de estos grandes tenedores.
Para estos grandes propietarios, el mensaje debe ser que en tres meses tendrán «limitado» su derecho de propiedad -hasta que los servicios sociales encuentren una vivienda digna para los ocupantes- pero a cambio recibirán una compensación, porque «hay que hacerlo de manera sólida para no correr riesgo de inconstitucionalidad», han añadido.
La finalidad, señalan, es que los más vulnerables queden protegidos, y para ello es preciso un real decreto «fuerte jurídicamente y sólido».
Las fuentes explican que la cesión de la propiedad por tres meses encaja jurídicamente, dado que se produce en el marco del estado de alarma, pero no así la falta de compensación.
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