Fuentes del INE han explicado que en la reunión celebrada este miércoles se ha consensuado el contenido de la información que las compañías tienen que enviar a Estadística y que ha de referirse «a tarifas y no a ingresos».
Según las mismas fuentes, las eléctricas ven factible obtener esta información y se han comprometido a enviarla previo requerimiento del INE, que pedirá por escrito a cada compañía la información consensuada.
En los últimos meses el INE ha mantenido reuniones periódicas con empresas del sector eléctrico con vistas a incluir el precio de la luz en el mercado libre en la actualización quinquenal de la base de cálculo del índice de precios de consumo (IPC).
Se trata de una revisión a la que obliga Eurostat y que incluye cambios en la composición de la cesta de la compra para acomodarla a los hábitos de consumo de la población.
Dicha actualización se anunció el pasado 31 de enero y supuso la incorporación de las mascarillas y las suscripciones a la prensa «online» y la salida de los CD y DVD, entre otros productos.
El INE informó en ese momento de que no se había podido incluir la electricidad del mercado libre (el IPC solo incluye precios del mercado regulado) a falta de información por parte de las compañías eléctricas «con un suficiente nivel de detalle y con los criterios técnicos necesarios que permitan aplicar una metodología consistente con los requerimientos exigidos en el cálculo del IPC».
El INE también argumentó que la «situación errática» que vive el mercado de la electricidad en estos momentos «no favorece la introducción de ningún cambio metodológico, que podría desvirtuar el análisis de la evolución de los precios a lo largo del año 2022 y siguientes».
Hace cinco años no eran tan habituales como ahora los contratos de suministro de electricidad de mercado libre, pactados para periodos anuales o mayores y, por lo tanto, menos afectados por las subidas récord que la luz viene registrando en el mercado diario.
La patronal eléctrica Aelec (que agrupa a EDP, Endesa, Iberdrola y Viesgo) estima que el 60 % de los cerca de 26 millones de contratos de una potencia inferior a 10 kilovatios en España ya corresponden al mercado libre, una cifra que incluyen los cerca de 16 millones de hogares registrados en el país, pero también segundas residencias y pequeños comercios.
Las eléctricas habían defendido que no resulta posible diferenciar entre los contratos de hogares y los de aquellas pymes que utilicen un domicilio como sede, pero que los precios son idénticos independientemente de si se trata de un domicilio particular o un negocio. EFE