La Cámara Baja del Parlamento suizo aprobó hoy finalmente el acuerdo de cooperación fiscal entre Suiza y EEUU, cuyo principal propósito es permitir la entrega a este último país de datos bancarios relativos a 4.450 cuentas del banco UBS. Tras una serie de vaivenes entre la Cámara Alta, que desde un principio apoyó el acuerdo tal como fue remitido por el Ejecutivo, y la Cámara Baja, que pretendía introducir la posibilidad de someterlo a un referendo, el instrumento fiscal fue avalado este jueves de forma definitiva.
Esto permitirá que Suiza cumpla el plazo acordado con Washington, el 19 de agosto, para transmitirle la información que exige. Con ello se abstendría de abrir un proceso penal contra UBS, y eventualmente retirarle su licencia para operar en EEUU, por sus prácticas que presuntamente favorecían la evasión de impuestos entre sus clientes.
El acuerdo de cooperación fiscal fue aprobado por el Consejo Nacional por 81 votos, frente a 63 en contra y 47 abstenciones, siguiendo el consejo de un órgano de conciliación parlamentario reunido desde primeras horas de hoy, en el sentido de excluir del texto la posibilidad de celebrar un referendo.
EEUU emprendió a finales del 2008, en plena crisis financiera, la persecución de sus ciudadanos con cuentas escondidas para evadir impuestos, una práctica de la que UBS fue cómplice, según confesaron a la Justicia estadounidense sus propios gestores de fortunas involucrados.
La reacción de Washington ante esos testimonios fue la de exigir a UBS la entrega de los datos de 52.000 de sus clientes en EEUU, un abierto desafío al estricto principio del secreto bancario que imperaba en ese momento en la plaza helvética.
Este reclamo de EEUU coincidía justamente con los ataques internacionales contra el secreto bancario, cuyo primer quiebre mayor ocurrió cuando el Gobierno suizo tuvo que pactar con Washington la entrega de las informaciones por parte de UBS, pese a que la Justicia helvética lo consideró contrario a la legislación nacional.
Por su complicidad en el fraude fiscal de sus clientes, UBS pagó a EEUU una multa de 780 millones de dólares en una primera etapa y acordó terminar con los negocios off shore con clientes estadounidenses, lo que finalmente no le satisfizo por completo.
La determinación de las autoridades del Servicio de Impuestos Internos de EEUU era la de sancionar a los evasores y dejar así claro que no permitirá más ese tipo de prácticas.
Del lado suizo, ese escándalo no podía caer en peor momento para UBS y para Suiza en general. Para el primero porque la crisis financiera le había puesto en una situación cercana a la suspensión de pagos -de la que no hubiese escapado sin ayuda pública- y, para la segunda, porque todo ello reforzaba su imagen de paraíso fiscal.
Sin embargo, el Gobierno suizo decidió jugarse el todo por el todo en favor de UBS, que hasta antes de la crisis estaba en la lista de los diez establecimientos bancarios más poderosos del planeta y era el primer gestor de fortunas a nivel mundial.
Las autoridades helvéticas justificaron su apoyo al banco señalando que se trataba de una disputa jurídica entre los dos países y que, de su resolución, dependía en gran medida la estabilidad de la influyente plaza financiera helvética.
No obstante, el interés superaba las fronteras de los dos países directamente involucrados y toda la industria bancaria ha tenido puestos los ojos en su desenlace por el precedente que sienta.
Haber dejado que UBS se las arreglase solo con la Justicia de EEUU hubiese supuesto un dictamen judicial obligándole a entregar probablemente mucha mayor información de la que finalmente tendrá que desprenderse.
Para la banca internacional esto hubiese representado un terrible precedente ya que habría quebrado la confidencialidad del sistema en ese país.
El último episodio de esta trama se vivió hoy en el Parlamento helvético, donde después de una serie de vaivenes que duraron varios días entre las dos cámaras se aprobó definitivamente el acuerdo fiscal, sobre el que pendía la «amenaza» de abrir la vía a un referendo, como lo solicitaban los diputados. Tras largas negociaciones, esa posibilidad quedo enterrada para alivio de los medios económicos.
Un ejecutivo de un importante banco suizo lo explicaba así: «Un gobierno desautorizado por el Parlamento, que a la vez es desautorizado por el pueblo ¿Quién podría comprender algo así en el extranjero?».
En Suiza, todo esto deja un sabor amargo en el ciudadano de a pie, que ve como el Gobierno acude en auxilio de un banco que obró de manera delictiva, a pesar de lo cual, salvo un alto ejecutivo detenido en EEUU y que actúa como colaborador de la Justicia, ninguno de sus directivos o responsables ha sido procesado.