El Gobierno portugués ha vetado la propuesta de Telefónica para hacerse con la participación que Portugal Telecom (PT) posee en el operador brasileño Vivo a pesar de que dicha oferta ha logrado una aceptación del 74% de los accionistas participantes este miércoles en la junta. El Ejecutivo luso ha hecho uso de la ‘acción de oro’, un derecho que le permitiría impedir determinado tipo de operaciones de carácter estratégico, aunque una amplía mayoría de los accionistas de PT han dado el visto bueno a la oferta del grupo español, frente al 26% de los accionistas que han votado en contra.
No obstante, es muy posible que el Tribunal Europeo de Justicia elimine el próximo 8 de julio este privilegio que ostenta actualmente el Gobierno portugués al considerar que se trata de un derecho ilegal.
En este sentido, un abogado del Tribunal Europeo consideró en diciembre de 2009, que la «acción de oro» era contraria al derecho comunitario.
A pesar de las especulaciones que señalan que Telefónica podría recurrir esta medida adoptada por el Gobierno luso, la compañía presidida por César Alierta no se ha pronunciado al respecto ni se ha manifestado sobre el resultado de la junta.
El resultado de la votación supone que parte del ‘núcleo duro’ de los accionistas de PT ha respaldado la nueva oferta de 7.150 millones de euros, 650 millones de euros más, comunicada anoche por el grupo español, que precisó que se trata de la oferta «final y definitiva» y que advirtió que «no la modificará, mejorará, ajustará prorrogará o alterará de ninguna otra manera».
La junta de accionistas de PT se ha celebrado finalmente con un quórum del 62%, desde el 68% previsto inicialmente, tras lprohibir a Telefónica, Mediobanca y Société Générale que ejercieran su derecho al voto por un supuesto conflicto de intereses.
En concreto, esta decisión, que ha adoptado este miércoles el presidente de la junta de accionistas de PT, António Menezes Cordeiro, se toma tras la venta por parte de Telefónica de un 8% del capital social que tenía en PT.
Previamente, la CNMV lusa, tras analizar los contratos de derivados ‘equity swap‘ realizados por la multinacional española los pasado días 17, 18 y 21 de junio, consideró que Telefónica mantenía intacta la exposición al riesgo y los beneficios económicos de las acciones vendidas.