El ex ministro de trabajo Manuel Pimentel debe presentar antes del 28 de febrero el laudo arbitral que completará el nuevo marco de las relaciones laborales entre los controladores aéreos y su empresa, AENA. Lo cierto es que el perfil de esas relaciones ha quedado bastante definido a través de los decretos y leyes que, durante el pasado año, fue aprobando el Gobierno a instancias del Ministerio de Fomento. Hay quien considera que se trata de una operación de imagen que beneficia a las dos partes, porque el haber pactado un árbitro y la aceptación de su resolución muestra el talante conciliador de las dos partes tras meses de duro enfrentamiento.
Las negociaciones entre los representantes legales de AENA y el sindicato de controladores USCA con el árbitro son secretas y lo que decida de la historia de este colectivo. El anterior se había ido renovando a golpe de desencuentro entre la empresa y los controladores desde 2004.
La legislación dictada en 2010 no deja mucho margen para la improvisación. El decreto 1001/2010 fijaba la masa salarial a repartir en 480 millones de euros este año entre el colectivo (2.400 trabajadores) y establecía un complemento de adaptación a la nueva jornada. La discrepancia afecta al tratamiento de los controladores en la reserva y en situación de retiro que, en muchos casos, cobran como si estuvieran trabajando. El sindicato de los controladores quiere que el complemento se distribuya de manera equitativa, mientras que AENA propone que se disfrute según el grado de actividad: un 100% para los activos, un 50% para los de la reserva y que los retirados no lo cobren.
En cuanto a la jornada laboral, fijada en 1.670 horas al año, la negociación está bastante cerrada, porque el decreto 1001/2010 establecía pormenorizadamente cómo se contabilizaban las horas, qué se consideraban horas operativas, cómo computaban las imaginarias, las guardias, etc.El problema principal se centra en la organización del trabajo y, más concretamente en la elaboración de los turnos, cómo se comunican las jornadas o la forma de cubrir las incidencias. Así, el nombramiento de cargos (jefes de sala, instrucción, supervisión) es algo que resolvían los controladores y que ratificaba AENA, pero la compañía quiere tener en esos temas poder decisorio y es una parcela de poder que los trabajadores no quieren perder.
Algo que ya han perdido, pero donde intentan arañar algo estos profesionales de los servicios aéreos es en la formación. Hasta ahora era gratis y estaba controlada por ellos, pero ahora se privatiza ese servicio y se establecen distintos niveles de preparación en función del tipo de aeropuerto en el que se va a desarrollar la actividad.
Así pues, el laudo pondrá, teóricamente, fin a un conflicto que se arrastra desde hace 7 años y que ha tenido sus episodios más calientes a lo largo de 2010.
Fomento ha aprovechado, con la rebaja salarial, para reducir los costes de navegación aérea. Este año bajan las tasas en un 7,8% y en el año 2012, otro 7,2%. Esto supone un 15% en dos años con el fin de asimilarnos a la media de las tasas de los 5 países con más tráfico aéreo de Europa. Se estima que el ahorro será de 120 millones de euros.
Se espera, además, que tenga una repercusión directa en las compañías y que se beneficie el sector turístico, ya que tres de cada cuatro turistas llegan a España en avión.
La previsión es que el árbitro apure los plazos y que el laudo se dicte a finales de mes.