Santander dio un paso al frente este jueves en apoyo de su consejero delegado, Alfredo Sáenz, confirmándole en su puesto, después de la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a tres meses de inhabilitación. En un hecho remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad señala que “en relación con una actuación de recuperación de créditos por Banesto en el año 1994 (…) del que ha sido asimismo informado (el consejo de administración) de las iniciativas que, con arreglo a Derecho, se propone promover el consejero delegado y, desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, le ha ratificado su confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones”.
Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, fue condenado este jueves por el Tribunal Supremo a tres meses de inhabilitación y arresto, tras el recurso de casación interpuesto por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con una actuación de recuperación de créditos para Banesto en 1994. Una sentencia que los expertos no han dudado en calificar de meramente simbólica, y que no tendrá ninguna influencia en la actividad del banco, su imagen o cotización, según los expertos consultados por Europa Press.
Aún así, el número dos del banco recurrirá la sentencia del Supremo, presentando solicitud de amparo ante el Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Una situación que promete alargar durante mucho más tiempo este proceso, ya que la sentencia citada del Supremo demoró tres meses, mucho más de lo esperado. Los expertos creen que esta solicitud de amparo podría tardar entre dos y cuatro años.
Además, Sáenz solicitará el indulto al Ejecutivo, y la suspensión de la sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenaba a 8 meses de prisión e inhabilitación al ejecutivo.
Los mercados recibieron con tranquilidad todas estas noticias, ya que la cotización del Santander se dejó un 1,36%, menos que otras compañías como BBVA, Bankinter, Repsol o Criteria, en un día en el que el Ibex cedió un 1,17%. Los inversores dan este asunto por amortizado desde hace tiempo y no contemplan riesgos reputacionales ni gerenciales en la entidad.