Pescanova tiene como fecha límite este lunes para presentar las cuentas del ejercicio 2012, acompañadas de una declaración de responsabilidad de los administradores, y concretar su deuda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), previa firma del consejo de administración. «Es necesario que las cuentas estén firmadas por el consejo de administración», han afirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación de la firma gallega, que podría incurrir en pérdidas, con una deuda de 2.700 millones de euros, es decir, unos 1.200 millones de euros por encima de lo que figura en el pasivo auditado (1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012).
De no cumplir con el requerimiento de la CNMV, que consideró la anterior documentación remitida por Pescanova «incompleta e insuficiente», la firma gallega puede cometer una infracción muy grave, tal y como recoge la Ley del Mercado de Valores. En concreto, Pescanova podría afrontar multas monetarias por retraso en la información de auditoría y resultados, con sanciones de hasta la mayor de las siguientes cantidades: el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción; el 5% de los recursos propios de la entidad infractora, el 5% de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o 600.000 euros.
Es previsible, según las mismas fuentes, que las cuentas se presenten sin auditar, después de que la firma gallega anunciara que iba a solicitar al juzgado de lo mercantil competente del concurso voluntario de acreedores la revocación de BDO Auditores para la verificación de sus cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio de 2012. Fuentes cercanas a la auditoría han señalado a Europa Press que BDO sigue siendo, por el momento, legalmente el auditor de Pescanova, pero no tiene ningún conocimiento de la información que va a presentar a la CNMV.
En este escenario, la banca española atrapada en Pescanova se ha mostrado dispuesta a ‘levantar’ el concurso de acreedores de la compañía gallega «a un año vista», una vez se conozcan sus cuentas y su deuda y se haya designado un administrador concursal, mientras que la extranjera es «más escéptica y crítica» con la situación de la firma, en la que incluso ya no prevé inyectar más liquidez.
Querella criminal en la Audiencia Nacional
Por su parte, accionistas minoritarios de Pescanova han presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional en la que solicitan penas de hasta seis años de prisión para el consejo de administración de la firma gallega por presuntos delitos societarios, entre ellos falseamiento de sus cuentas anuales y administración fraudulenta o desleal.
Así se recoge en la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que Joaquín Yvancos, ex abogado de José María Ruiz Mateos, argumenta que el consejo de administracion ha cometido presuntamente otros delitos como abuso de información privilegiada en el mercado de valores, teniendo en cuenta que hubo firmas que se desprendieron de acciones antes del preconcurso.
Por su parte, el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, a petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), ha creado un grupo de trabajo para estudiar las medidas legales a emprender con el fin de defender los intereses de los accionistas minoritarios de Pescanova, según han informado a Europa Press en fuentes de dicha asociación.