El consejo de administración de Repsol ha aprobado por unanimidad un acuerdo con el Gobierno argentino sobre la compensación por la expropiación hace dos años de un 51% de YPF, al que se le indemniza con 5.000 millones de dólares en bonos del Estado austral y en el que se incluyen varias garantías para su cobro.
El acuerdo se presenta bajo el nombre de 'Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación' e incluye el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas, así como la renuncia a nuevas reclamaciones.
La principal garantía consiste en el reconocimiento por parte de Argentina de una deuda pública por valor de 5.000 millones de dólares que no quedará extinguida hasta que Repsol haya recibido enteramente la compensación.
Los títulos de deuda pública que se entregarán a Repsol estarán articulados en torno a dos paquetes, uno fijo, con un valor nominal de 5.000 millones de dólares, y otro complementario, por importe máximo de 1.000 millones de dólares.
Los bonos procederán de varias emisiones ya realizadas y de una adicional, conocida como Bonar 2024, que tendrá un vencimiento a diez años y que se lanzará en cuanto el Congreso argentino apruebe el acuerdo. Esta emisión tendrá un valor de 3.250 millones de dólares como parte del paquete fijo y de otros 300 millones incluidos en el paquete complementario.
Bonar X
De los bonos ya emitidos, el primero, conocido como Bonar X, tiene un valor de 800 millones –500 millones incluidos en el paquete fijo y 300 en el complementario– y vence en 2017, mientras que el segundo, llamado Discount 33, tiene un valor nominal de 1.250 millones de dólares. Además, dentro de la parte complementaria se incluye una emisión llamada Boden 2015 por 400 millones.
Estos intereses asociados al Discount 33 hacen que, en realidad, el valor nominal de salida de estos bonos sea de 5.500 millones. Sin embargo, el valor real puede ser muy inferior ante los posibles descuentos que se puedan producir en el momento del canje, y es ahí donde Argentina ha asumido una nueva garantía.
Este segundo compromiso evita una posible depreciación de los bonos y consiste en garantizar un valor de mercado mínimo de 4.670 millones de dólares. Si el importe de mercado baja de esta cifra, el Gobierno argentino pondrá hasta 1.000 millones de dólares hasta llegar al suelo mínimo.
De esta forma, Repsol tendrá en su haber un bono con valor nominal de hasta 6.000 millones y podrá elegir entre canjearlo en un mercado donde se le garantizan al menos 4.670 millones o aguantar en parte o por completo los bonos e ir cobrando los intereses, que ascienden a 4.500 millones de dólares. Si agota esta posibilidad, podrá obtener unos 9.500 millones de dólares a vencimiento, explicaron a Europa Press en fuentes de la compañía.
Arbitraje con garantías si se incumple
Si en algún momento de la vida de los bonos Argentina deja de pagar, Repsol puede acelerar al primer incumplimiento el cobro de la deuda ese mismo día y reclamar un arbitraje internacional ante el reglamento Uncitral de Naciones Unidas.
La diferencia entre este arbitraje y el del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, es que en ese segundo caso el tribunal debe determinar el importe de la indemnización, cuando en el acuerdo con Argentina es el Estado el que lo reconoce de antemano.
Otra garantía adicional es que el nuevo bono que se emitirá, el Bonar 2024, dispone de una garantía específica de cobro durante los primeros 18 meses, lo que permite a Repsol maniobrar sin prisas y analizar cómo quiere gestionar la nueva cartera de bonos.
La compañía española seguirá manteniendo además una participación del 12% en YPF, que podrá vender si lo desea y obtendrá caja para invertir e iniciar su nueva etapa.
Junta de accionistas para el 28 de marzo
El acuerdo debe ser ratificado en la junta general de accionistas de Repsol, que el consejo ha convocado para el próximo 28 de marzo. Tras ese momento, y una vez emitido el informe del tribunal argentino de tasaciones, deberá ser ratificado por el Congreso argentino.
Desde la compañía se destaca que este acuerdo es el único de los planteados en el que se ofrece todo en dinero, y no en activos, y que su culminación ha sido posible gracias a la presión judicial ejercida desde Repsol. Es un acuerdo liderado por su presidente, Antonio Brufau.