Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) han enviado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la información requerida por los peritos del Banco de España sobre operaciones «irregulares» detectadas en la entidad y que se habrían aprobado por anteriores gestores de las cajas de ahorros que dieron lugar al grupo.
Andreu hizo suya la petición de información realizada por los dos peritos del Banco de España designados para realizar la pericial que puede ser determinante para el futuro de la investigación. El juez dio en marzo un mes para el envío de la información requerida, pero Bankia pidió un aplazamiento que le fue concedido y los documentos se han enviado a finales de la pasada semana.
Andreu solicitó a BFA y Bankia que identificaran las «operaciones u operativa, de cualquier tipo, con indicios de actuaciones irregulares detectadas por el grupo». Además, pidió la información relativa a las operaciones que la actual dirección de Bankia denunció el pasado verano ante la Fiscalía Anticorrupción u otros organismos supervisores o fiscalizadores.
También se pidió documentación sobre contratos que Bankia, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, otorgó al banco Lazard, así como diferentes aspectos relacionados con las cuentas de la entidad. Andreu solicitó a Bankia que detallara la revisión de la información disponible sobre determinadas carteras y riesgos, que provocaron un ajuste de 1.859 millones de euros en las cuentas que se reformularon en mayo de 2012.
Además, Andreu pidió un inventario a 31 de diciembre de 2011 de los riesgos refinanciados y los normales reclasificados a subestándar del sector inmobiliario en ajuste de la reformulación de mayo de los estados consolidados de Bankia, petición que extiende también a los riesgos hipotecarios minoristas.
Junto a esta información solicitada, la entidad nacionalizada también ha presentado un escrito en el que apunta que, más allá de la «máxima colaboración» en la investigación, realiza una serie de manifestaciones «en el ejercicio del derecho de defensa, así como del interés social y de sus accionistas». En este procedimiento la propia Bankia y su matriz, BFA, están imputadas.
En el escrito remitido al juez Andreu, BFA y Bankia resaltan que «se han visto y ven obligadas a aportar abultadísima documentación, absolutamente confidencial, que afecta al núcleo mismo de su actividad mercantil y societaria, y que por ello puede comprometer tanto sus derechos más esenciales como su misma posición en el mercado, requerida sin la debida motivación ni justificación de su relación con la causa».
BFA y Bankia inciden en que la falta de motivación «se hace más grave si se considera que parte de la documentación solicitada se refiere o a afecta a terceros, a clientes o a entidades que han mantenido diversas relaciones» con la entidad. Por ejemplo, datos de clientes particulares a los que se ha refinanciado una hipoteca.