lunes, noviembre 25, 2024
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Los sindicatos celebran la sentencia

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Los sindicatos han celebrado que la Audiencia Nacional haya 'tumbado' el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), que afectaba a 1.190 empleados y que supuso el cierre de cuatro plantas, ubicadas en Fuenlabrada (Madrid), Palma de Mallorca, Alicante y Asturias.

La compañía ejecutó finalmente 821 despidos de los 1.190 que contemplaba el expediente, los cuales deberán ser readmitidos por la empresa con el abono de los salarios dejados de percibir tras estimarse las demandas de UGT, CC.OO. y CSI-F contra la decisión de la empresa de aplicar el ERE, argumentando causas organizativas y productivas.

Tras conocer la sentencia, FITAG-UGT se ha mostrado «satisfecho» con la resolución de la Audiencia Nacional que da la razón a los trabajadores de CCIP afectados por el expediente anunciado el pasado mes de diciembre.

«Como hemos sostenido durante todos estos meses, CCIP era una empresa más que solvente, y esto hacía injustificable la medida regulatoria«, han señalado desde FITAG-UGT, que ha exigido por ello a la empresa que asuma la sentencia de la Audiencia Nacional y proceda a solucionar sus problemas empresariales abriendo una negociación con las centrales sindicales en la que el empleo no se vea afectado.

«Con esta sentencia por fin se restituyen los derechos arrebatados a las trabajadoras y trabajadores afectados«, ha subrayado.

Por su parte, CSI-F ha aplaudido también la sentencia, ya que, en su opinión, se trata de un ERE «injustificado«, al no existir las causas económicas para materializar un despido colectivo de grupo, teniendo en cuenta que se trata de varias empresas, según han señalado a Europa Press en fuentes del sindicato.

Una vez conocida la sentencia, el sindicato ha confiado en que la compañía cumpla con su resolución de manera voluntaria y en que resuelva los problemas en la mesa de negociación.

«CSI-F se felicita de la sentencia, puesto que da la razón a trabajadores y sindicatos de la flagrante irregularidad del procedimiento y exige ahora a la empresa la ejecución eliminando así sufrimiento e incertidumbre de los trabajadores afectados», ha señalado el sindicato.

 

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