La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha considerado «irregular» la readmisión de los empleados de Coca-Cola Iberian Partners en centros de trabajo que suponen un cambio de residencia, por lo que les exime de trabajar hasta que el Tribunal Supremo resuelva definitivamente en casación.
En concreto, en el auto, también se obliga al embotellador único de Coca-Cola en España a pagarles, mientras tanto, los salarios de sustanciación.
La decisión afecta en total a 308 trabajadores, en su mayoría de la fábrica de Fuenlabrada (Madrid), mientras que en cambio, no afecta a otros 41 a los que el embotellador único readmitió en el mismo centro y condiciones que tenían antes de su despido.
De esta forma, afecta a los 278 empleados que no se han incorporado al puesto de trabajo que les asignó la compañía en otra ciudad tras la anulación, en junio del año pasado, del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
El auto, en el que se admiten «parcialmente» las solicitudes de UGT y CCOO, señala que también afecta a los 20 trabajadores que sí se incorporaron a trabajar, pero en fábricas alejadas de su lugar de residencia, así como a otros 10 empleados, cuyos contratos son fijos discontinuos y están pendientes del vencimiento de la fecha para su incorporación también en lugares diferentes de donde estaban sus puestos.