El juez de la Audiencia Nacional ha impuesto el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil solidiaria de 800 millones de euros a Bankia, a su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), al ex presidente Rodrigo Rato y a los miembros del Consejo de Administración Francisco Verdú, José Manuel Olivas y José Manuel Fernández Norniella.
En un auto, conocido este viernes, el magistrado da un plazo de un mes para que, de forma solidaria, depositen este dinero con el objeto de asegurar las eventuales responsabilidades que se puedan derivar en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que se ha podido cometer un delito tipificado en el artículo 282 del Código Penal, que castiga a los administradores de una sociedad emisora de valores que hayan falseado la información económica contenida en folletos de emisión u otros instrumentos financieros.
UPyD presenta otra querella contra la cúpula de Caja Madrid
Por su parte, UPyD ha presentado este viernes una nueva querella contra la cúpula de Caja Madrid, incluyendo a Miguel Blesa y Rodrigo Rato, esta vez por las retribuciones de sus directivos, que se repartieron en cinco años el equivalente de lo que cobraban los 4.500 trabajadores de la entidad que acabaron despedidos.
Pero el objetivo del partido magenta es ir más allá y que la Justicia añada más asuntos para conocer «toda la putrefacción» y llegar al fondo de la cuestión, que a su juicio es investigar la mala gestión de la entidad que acabó con sus pérdidas patrimoniales y la nacionalización de Bankia. Las causas abiertas hasta ahora en la Audiencia Nacional se centran en la salida a Bolsa de Bankia y el uso de 'tarjetas black'.
La nueva querella, presentada por el abogado del partido magenta, Andrés Herzog, se ha interpuesto en el mismo Juzgado de Instrucción de Madrid donde la Fiscalía Anticorrupción derivó una pieza extraída del sumario de la Audiencia Nacional sobre Bankia a raíz de que un informe de la auditora Pricewaterhouse Coopers (PwC) detectase irregularidades en las retribuciones de los altos directivos de Caja Madrid entre los años 2007 y 2010.
En concreto, UPyD se querella contra los integrantes del Comité de Dirección de Caja Madrid en esos años, entre los que figuran los ya investigados en otras causas como Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj, Mariano Pérez Claver y Rafael Spottorno (ex jefe de la Casa del Rey). De entrada les atribuye delitos de administración fraudulenta o desleal, y de apropiación indebida.
Según explica, los nueve integrantes del Comité de Dirección acordaron aumentar una medias de 20% sus retribuciones en 2008 (algunos de ellos hasta un 26%), mientras a los trabajadores se les impuso una subida del 4,5%. Herzog resume que estas diez personas se repartieron 71 millones, que es la misma cantidad que cobraban los 4.500 trabajadores de Caja Madrid que acabaron despedidos. Y eso sólo eran las retribuciones fijas, porque a ello se suman las variables, lo que acabaría causando a Caja Madrid, según UPyD, un perjuicio total de 14,8 millones.
Pero la querella, cuyo primer objetivo es evitar que estos hechos prescriban, no se queda sólo en las retribuciones, sino que UPyD aporta otras cuestiones como los coches, relojes y otros regalos que se repartía la cúpula de Caja Madrid, y los créditos que concedían a empresas de los mismos consejeros. Sólo uno de ellos se autoadjudicó créditos a sus empresas por un importe global de 483 millones y con condiciones que no eran las del cliente particular que se acercaba a una oficina de Caja Madrid.
Y aporta también un informe sobre la Fundación de Caja Madrid, que sigue operativa, donde se denuncian irregularidades que ocasionaron unas pérdidas de 53 millones de euros.
Para Herzog, aunque la Fiscalía ya abrió el camino para investigar las retribuciones de directivos de Caja Madrid, UPyD tenía la obligación de personarse en la causa de las retribuciones ya que fue quien promovió la investigación del caso Bankia en la Audiencia Nacional.
Lo que desea UPyD es abrir una macrocausa sobre Caja Madrid que llegue al fondo de la cuestión, que es la mala gestión que derivó en la nacionalización de Bankia asumiendo pérdidas de 5.000 millones. Hay que destapar toda la «putrefacción», sostiene Herzog. Ahora bien, no es descartable que el juez de instrucción derive el caso a la Audiencia Nacional.
Según el candidato de UPyD en Madrid, Ramón Marcos, lo que ha tenido que invertir el Estado en Bankia supera la deuda de Grecia con España, y mientras que el presidente Mariano Rajoy se muestra «inmisericorde» con el Gobierno de Syriza, no persigue de forma decidida a los «poderosos» para exigir lo que se ha perdido en Caja Madrid y Bankia.