A pesar de reconocer en su auto “la complejidad de los hechos”, una juez de refuerzo del Juzgado nº 46, con seis meses de experiencia, ha decidido en solo dos días laborables de estudio no admitir a trámite una querella de 67 folios más anexos, en la que se dirime el polémico crédito de El Corte Inglés por 1.000 millones de euros que ha fracturado su Consejo de Administración y las astronómicas comisiones que ha generado. Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés y seis consejeros, entre ellos Manuel Pizarro y Antonio Hernández-Gil (consejero de El Corte Inglés y presidente Honorífico de Baker & McKenzie), han sido querellados por la familia Areces por los delitos de “apropiación indebida, administración desleal y corrupción entre particulares”. El plazo habitual para que se inicien actuaciones judiciales es de 10 días, marca que ha batido olímpicamente esta joven juez dejándolo en 48 horas
Se trata de un asunto que tiene conmocionado al gigante de los grandes almacenes españoles. La ruptura es tan traumática, que ha supuesto la salida de la familia del fundador de El Corte Inglés del Consejo de Administración. Se trata de dirimir si hay comportamientos ilícitos en torno al crédito que El Corte Inglés ha recibido de la catarí Primefin en dudosas condiciones.
Este crédito, según consta en la querella presentada por Corporación Ceslar (que pertenece los sobrinos de Ramón Areces, propietarios de en torno a un 10% de El Corte Inglés), generó además una comisión que consideran “fraudulenta” de cerca de 20 millones de euros y que se cobró en una sociedad opaca en el paraíso fiscal de Singapur y después en Emiratos Árabes Unidos. La denuncia, además de los delitos reflejados más arriba, deja caer la sospecha de que también haya un caso de blanqueo de capitales.
El crédito generó una comisión de 20 millones de euros que se cobró por empresas residentes en Singapur y Emiratos Árabes
La denuncia fue presentada en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) el pasado 18 de febrero, jueves, firmada por Carlota Galán, viuda de Luis Areces y que encabeza Corporación Ceslar. Tan velozmente como el martes siguiente la juez de refuerzo del Juzgado número 46, Elena Gutiérrez, firma un auto de inadmisión a tramite de este complejo asunto. La base del argumento jurídico esgrimido por esta juez no titular y con solo seis meses de experiencia, es que las decisiones presuntamente delictivas fueron aprobadas en un Consejo de Administración, como si éstos estuvieran por encima de la Ley.
Buena parte de las irregularidades cometidas en los grandes procesos empresariales que se siguen en España se aprobaron en Consejo de Administración, como ocurrió en el caso Bankia, el de las “tarjetas black” o en el de Pescanova.
La juez, que en apenas dos días hábiles (el viernes 19 y el lunes 22, ya que redacta el auto el martes, 23) dirime una cuestión que tiene expectante al mundillo empresarial español. Además no admite ni efectúa ni una sola de las diligencias que piden los querellantes. Junto a los 67 folios de la querella, la denuncia presentada en Plaza de Castilla estaba acompañada de muy extensos anexos, como las actas de los Consejos de Administración de El Corte Inglés de verano de 2015, que quizás fueron los más complejos y polémicos de la historia de esta gran compañía que estos días cumple 75 años.
Otro de los argumentos utilizados por esta juez, destinada en Madrid tras salir de la escuela de práctica jurídica el verano pasado, es que la acusación no presenta determinados documentos relativos a su querella. Una de las bases de la querella es precisamente que la Presidencia de El Corte Inglés no entregó a parte de su Consejo de Administración datos, contratos ni documentos claves en la tramitación de este crédito que consideran lesiona gravemente los intereses de la compañía y de sus 3.000 accionistas, la mayor parte de ellos empleados de los grandes almacenes. En una de las frases del auto, la juez asegura que el hecho de que “se aprobara (decisiones económicas claves como tomar un crédito por valor de 1.000 millones de euros o pagar comisiones de 20 millones en paraísos fiscales) sin conocimiento, no supone la extralimitación de los consejeros ni que se sufriera perjuicio”.
El Corte Inglés sufre una traumática fractura interna desde que Dimas Gimeno asumiera la Presidencia a la muerte de su tío, Isidoro Álvarez. La familia del cofundador, Luis Areces (agrupados en Corporación Ceslar), ) y Paloma García como consejera de Mancor, tienen serias dudas sobre la gestión de la gran compañía, que tiene unos 90.000 empleados y está valorada en cerca de 20.000 millones de euros.
Uno de los pasos más discutidos han sido la decisión de pedir un crédito de 1.000 millones de euros cuya simple tramitación ha generado una comisión de otros 20 millones. El crédito lo ha dado la catarí Primefin, que tiene intención de recuperar su préstamo en condiciones extraordinariamente ventajosas por medio de acciones de la compañía. Dimas Gimeno y los consejeros que le secundan decidieron expulsar del Consejo de Administración a la representante de la Corporación Ceslar (y su 10% de titularidad de la compañía), en represalia por su negativa a aceptar las condiciones de este colosal crédito.
Dimas Gimeno y los consejeros que le secundan decidieron expulsar del Consejo de Administración a la representante de la Corporación Ceslar (y su 10% de titularidad de la compañía), en represalia por su negativa a aceptar las condiciones de este colosal crédito
Fichajes judiciales
En los últimos años El Corte Inglés ha ido captando para su staff mejor remunerado importantes nombres de la vida púbica española, singularmente de la carrera judicial. José Luis González Armengol, exdecano de los Juzgados de Plaza de Castilla durante 10 años pasó directamente de su cargo en la judicatura a la asesoría jurídica de El Corte Inglés. En la misma se ha encontrado con Juan Moral, exfiscal de la Audiencia Nacional. Un juez de esta misma instancia judicial está vinculado indirectamente a la compañía: el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ramón Areces, con la que ha publicado algunas obras de Derecho y de la que es habitual conferenciante.
Pese al elenco de su asesoría jurídica, el equipo de Dimas Gimeno pagó en asesoramiento jurídico para la operación de crédito, 3,5 millones a Morgan Stanley y otro medio millón de euros al bufete Baker & Mckenzie, con la coincidencia de que Manuel Pizarro es presidente Honorífico de ese despacho de abogados y a la vez consejero de El Corte Inglés.
Ha sido tal la celeridad de la juez de refuerzo en liquidar el asunto, que incluso se saltó un trámite habitual y meramente formal en este tipo de querellas. El trámite habitual tras presentar en los juzgados una querella es que se distribuya al juzgado de turno, que se compruebe y ratifique la firma del denunciante, se pida informe al fiscal y luego se estudie el asunto. En este caso, la juez no vio necesario siquiera llamar a Carlota Galán para que ratificara si la firma de la denuncia era la suya. Un ejemplo de Justicia express.