Una treintena de activistas de Greenpeace ha accedido a primera hora de la mañana de este jueves a la central de Naturgy en Málaga para denunciar que está «costeando» la invasión de Ucrania con la compra de gas ruso.
Los participantes en la protesta han desplegado una pancarta de 15 metros en la chimenea y en las torres de refrigeración de la central, situada en la barriada malagueña de Campanillas.
«El gas financia la guerra» y «Naturgy financia la guerra» son algunos de los lemas empleados por la organización en esta protesta, que se enmarca en su campaña de denuncia contra la eléctrica Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) por ser la empresa energética que más gas ruso compra en España.
Se suma así a otras acciones llevadas a cabo por Greenpeace en la planta regasificadora en el puerto de Bilbao, la sede central de la compañía en Madrid y más de trece oficinas comerciales por toda la geografía española.
Según Greenpeace, Naturgy es la mayor compradora de gas ruso en España y le pide, al igual que al resto de emergéticas, que deje de importar y quemar combustibles fósiles rusos al considerar que «siguen beneficiándose» de la guerra, los conflictos y la crisis climáticas.
«Hemos venido hasta la central térmica de Málaga para denunciar que Naturgy, al generar electricidad quemando gas ruso, es cómplice de la maquinaria de guerra de Putin, porque ese gas procede de una empresa pública ligada al Gobierno ruso», ha señalado el coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace, Paco del Pozo.
Del Pozo ha añadido que «los beneficios exorbitados que obtiene la empresa con la venta de esa electricidad están manchados de sangre porque se usan para financiar la guerra».
La organización ha informado en un comunicado de que el 10 por ciento del gas total consumido en España es importado desde Rusia por Naturgy que es, a su vez, la primera empresa de España en distribución y comercialización de gas fósil, y la tercera en electricidad.
Ha detallado que tiene un contrato de compra de gas con Yamal LNG, consorcio propiedad al 80 % por Novatec, una empresa pública rusa y controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson.
Greenpeace reclama que se aborde una reforma estructural del mercado eléctrico que impulse un sistema energético renovable «capaz de centrar las centrales de gas», que favorezca el autoconsumo y que limite la «concentración de poder en pocas eléctricas».