No se trata de poner dinero nuevo sobre la mesa, sino de coordinar las iniciativas que ya están adoptando los Gobiernos nacionales y de ayudar, en lo posible, con el presupuesto comunitario.
Según la propuesta que ayer presentó el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, 170.000 millones de euros deberán salir de los presupuestos nacionales (con un gasto adicional medio del 1,2% del PIB), mientras que las arcas comunitarias y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pondrán los 30.000 millones restantes.
Pero tanto Durao Barroso como el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, incidieron en que no todos los países pueden hacer el mismo esfuerzo, dado que su posición presupuestaria es muy diferente.
Por eso, dejaron claro que el aumento del gasto en una cantidad equivalente al 1,2% del PIB nacional es una media para los Veintisiete, pero «algunos tendrán que hacer más y otros menos», según Durao Barroso.
También subrayaron que las iniciativas no tienen que ser las mismas en todos los países y ofrecen, por eso, un catálogo de propuestas que suponen bien aumento del gasto o bien recorte de impuestos.
Entre las acciones con impacto presupuestario, plantean aumentar las prestaciones a los desempleados o a los hogares con ingresos más bajos, alargar el periodo de percepción del subsidio de paro e impulsar la inversión pública en infraestructuras y para reducir las emisiones contaminantes.
Bruselas también sugiere ofrecer avales para acceder a créditos e incentivos, por ejemplo, para aumentar la eficiencia energética.
En cuanto a las medidas que conllevan caída de la recaudación, propone reducir las contribuciones sociales que pagan los empresarios y reducir la imposición sobre las rentas del trabajo.
Apunta también a rebajas temporales del IVA -como la adoptada en Reino Unido, de 2,5 puntos-, con objeto de impulsar el consumo.
Coordinación de medidas
Lo que resulta, en cualquier caso, fundamental es la coordinación de las distintas medidas, para lograr el máximo beneficio, en términos de crecimiento y creación de empleo, para toda la economía europea y evitar que la política aplicada por un país acabe perjudicando a otro.
Sin coordinación de los esfuerzos nacionales, advirtió Almunia, «uno y uno pueden no sumar dos e incluso pueden dar como resultado cero o negativo».
Los dirigentes comunitarios también incidieron en que las acciones coyunturales deben ser coherentes con la estrategia a largo plazo de reformas estructurales y de modernización de la economía europea, así como con la política de lucha contra el cambio climático.
Por eso, entre otras medidas, plantean la creación de un fondo de 5.000 millones de euros para impulsar la fabricación de coches más ecológicos y ayudar a la industria automovilística a superar la crisis.
La Comisión es consciente de los problemas que atraviesa este sector, pero descarta soluciones «anticuadas» y tampoco ve con buenos ojos los planes de ayuda que se están estudiando en Estados Unidos.
Bruselas quiere proteger el empleo en el sector del automóvil, pero apoyando su viabilidad a largo plazo mediante el uso de las nuevas tecnologías ecológicas, recalcó Durao Barroso.
También está de acuerdo, explicó Almunia, con la introducción de medidas de apoyo directo a la demanda, para impulsar la sustitución de coches más contaminantes por otros más ecológicos -puso como ejemplo el plan español Renove-.
Respecto al previsible aumento del déficit público que conllevará la puesta en práctica del plan de reactivación, la Comisión quiso dejar claro que el Pacto de Estabilidad (que fija el 3% del PIB como límite para el déficit) «sigue plenamente vigente».
«No hace falta más flexibilidad», señaló Durao Barroso, quien recordó, no obstante, que afrontamos «circunstancias excepcionales».
Por eso, Bruselas está dispuesta a aceptar desviaciones limitadas y transitorias del déficit, lo que, según explicó Almunia, quiere decir «algunas décimas más, no muchas» y durante «un año, no varios».