Los hechos se remontan a junio de 1997 cuando el Consejo General de Colegios de Médicos facilitó los datos personales de más de 150.000 médicos al Banco Español de Crédito, que pagó dos millones de pesetas por dicho listado.
Algunos de los médicos, cuyos nombres aparecían en el listado, denunciaron haber recibido a partir de esa fecha numerosa información de la entidad bancaria y ofertas de varios de sus productos, como créditos hipotecarios o planes de pensiones.
La Agencia de Protección de Datos consideró los hechos una infracción muy grave y, además de imponer la citada sanción al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, sancionó al Banco Español de Crédito con una multa de 10.000.001 pesetas.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, hecha pública ayer, insiste, al igual que consideró la Audiencia Nacional, en que para el tratamiento de datos de carácter personal debe existir el consentimiento y autorización del interesado, extremo que no se produjo en este caso.
El TS confirma que los hechos suponen una infracción grave de la Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y entiende que no hay motivos para revisar la decisión de la Audiencia Nacional.
El Alto Tribunal rechaza que, como argumentaba el recurrente, se hayan producido en este proceso indefensión, quebrantamiento de las formas del juicio y falta de garantías procesales.