«Atravesamos una crisis excepcional que requiere una respuesta también excepcional», destacó Durao Barroso. La cantidad propuesta por la Comisión es «realista», según el presidente de la Comisión, que opinó que habilitar fondos por menos del 1% del PIB europeo, como proponían algunos Estados miembros, no sería suficiente.
Tanto Durao Barroso como el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, insistieron en la importancia de que la UE actúe ante la crisis de manera coordinada.
Sin coordinación de los esfuerzos nacionales, advirtió Almunia, «uno y uno puede no sumar dos e incluso puede dar como resultado cero».
Pero dejaron claro que la coordinación no significa que todos los países deban aplicar las mismas medidas, sino que tienen que adaptarlas a la situación específica de su economía.
Bruselas quiere que el estímulo presupuestario sea inmediato, para reactivar la demanda y ayudar a recuperar la confianza de inversores y consumidores, pero recalca que las medidas han de ser dirigidas y temporales.
También incide en que las acciones coyunturales deben ser coherentes con la estrategia a largo plazo de reformas estructurales y de modernización de la economía europea, así como con la política de lucha contra el cambio climático.
Respecto al riesgo de que el aumento del gasto público lleve a los déficit públicos por encima del límite del 3% del PIB establecido por el Pacto de Estabilidad, Almunia indicó que se aplicarán las reglas presupuestarias «con flexibilidad».
Bruselas, que ha encontrado en Berlín la mayor resistencia a su plan de reactivación, insiste en que el aumento del gasto público no implica dejar de lado las reglas de estabilidad presupuestaria, pero ya ha anticipado que será flexible a la hora de evaluar las desviaciones en el déficit público. «No se suspende la aplicación del Pacto de Estabilidad», explicaron ayer fuentes comunitarias, pero se tendrá en cuenta el contexto económico.
Rescatar al sector privado con inversión pública
En el capítulo del gasto, la Comisión cree que hay que compensar con inversión pública la debilidad del sector privado.
Para ello, además de recurrir a las arcas nacionales, propone acelerar la ejecución de los proyectos financiados por los fondos de cohesión y adelantar los pagos a los países previstos para los próximos años (en total, la política de cohesión tiene un presupuesto de 247.000 millones de euros de 2007 a 2013).
También plantea acelerar las transferencias del Fondo Social y revisar los requisitos para acceder al fondo de ajuste a la globalización -dirigido a la reinserción de trabajadores despedidos por los cambios en los flujos de comercio mundial-, e incluso aumentar su dotación, fijada ahora en 500 millones de euros anuales.
La Comisión descarta la concesión de ayudas directas a la industria -tampoco a la automovilística, que las reclama desde hace semanas-, y aboga por concentrarse en facilitar a las empresas el acceso a la financiación, para impulsar la inversión.
Considera que los préstamos del BEI pueden desempeñar un papel importante en este ámbito y propondrá a los Veintisiete ampliar su capital para permitirle conceder más créditos.
En el ámbito tributario, Bruselas no recomendará a los países rebajas fiscales generalizadas -como ha hecho Reino Unido, al recortar 2,5 puntos el IVA-, consciente de que no todos los países tienen el mismo margen presupuestario.
Pero sí les instará a adoptar bajadas selectivas de algunos impuestos, por ejemplo para los productos «verdes».
En esa línea, el comisario europeo de Industria, Günter Verheugen, ha sugerido la concesión de una «prima o bonus» a los compradores que adquieran un vehículo nuevo menos contaminante, una medida que apoyaría al mismo tiempo al sector automovilístico y a la reducción de emisiones.
La acción de cada país depende de su economía
En cualquier caso, desde el Ejecutivo comunitario dejaron ayer claro que no se trata de prescribir un catálogo detallado de medidas que todos los países han de aplicar, pues existen múltiples instrumentos para lograr los objetivos citados y las acciones concretas dependen de la situación de cada economía, sus necesidades, prioridades y situación presupuestaria.
Pero, como recordó Almunia, resulta imprescindible la coordinación entre las medidas nacionales para lograr el máximo beneficio para todos. ECO