El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, indicó que España está a favor de que el consumidor se beneficie de tarifas más bajas, pero discrepó sobre las «formas».
A su juicio, es necesario establecer «garantías» y un «equilibrio suficiente de calidad y tarifas» entre los diversos servicios.
Ros señaló que la «intervención» en los precios minoristas es «incompatible» con la reforma del marco normativo comunitario, aprobada esta mañana, que pretende impulsar la inversión privada en el ámbito de las telecomunicaciones.
En concreto, España teme que la bajada de tarifas de uno de sus servicios lleve a las compañías a subirlas por otro lado, puesto que considera que entre las tarifas de los diferentes productos hay «vasos comunicantes» y que esa medida puede acarrear perjuicios para otros consumidores.
Además, indicó que los países «no son homogéneos ni en orografía ni en densidad», por lo que el coste de sus redes es distinto en Holanda (más plano) que en España (más montañoso) y no se puede imponer el mismo límite de precios para unos y para otros.
Asimismo, aseguró que los máximos previstos por la Comisión se sitúan «por debajo de la media comunitaria de los precios de los SMS a nivel nacional», lo que obligará a muchos operadores a recortar también los precios en su país.
En cuando al límite de un euro por megabyte descargado en el extranjero, Ros señaló que la propuesta de regulación «carece de justificación» por tratarse de un «negocio emergente».
La propuesta aprobada ayer también sugiere que los operadores ofrezcan a los abonados la posibilidad de solicitar el corte del servicio de descarga de datos cuando vayan a sobrepasar un límite de 50 euros, una medida que varios países consideraron ineficaz para rebajar los precios minoristas.
En cuanto a los SMS, el precio máximo será de 0,11 euros para la tarifa minorista y 0,04 euros para la mayorista.
Estados como Dinamarca -que ya cuenta con precios más reducidos-, querían rebajar más ese máximo, mientras que España, Portugal o la República Checa se mostraban partidarios de subirlo.
Los ministros también dieron su visto bueno a ampliar durante otros tres años el reglamento en vigor que rebajó las llamadas de voz hechas y recibidas en el extranjero, que expiraba en 2010.
Se seguirán produciendo recortes por etapas, tanto de los precios al por menor como al por mayor.
Las llamadas hechas y recibidas en otro país se facturarán por segundo (a partir del medio minuto las recibidas).
A continuación, la Eurocámara se pronunciará sobre el texto aprobado ayer en primera lectura en el 2009 antes del fin de esta legislatura.
Se espera que vote a favor, por lo que la nueva legislación (que tendrá una duración limitada de tres años) podría entrar en vigor el 1 de julio del 2009.