La ministra subrayó que este fondo «llegará a todos los ayuntamientos sin excepción», para desarrollar obras a ejecutar en 2009, ya que «previsiblemente ese será el año de mayores dificultades para la economía y el empleo» en España.
Avisó de que la Intervención General del Estado velará para que las inversiones se ajusten a lo descrito en el real-decreto, y puntualizó que en caso de no ser así, los consistorios deberán «reintegrar las cantidades recibidas». Agregó que este decreto «se basa en la confianza y en el control por parte de los ciudadanos», y destacó que por eso han eliminado controles intermedios para agilizar plazos.
Los nuevos trabajadores que sea necesario contratar para la realización de los proyectos financiados con cargo al fondo de 8.000 millones de euros para los ayuntamientos deberán estar en «situación legal de desempleo», señaló la ministra, quien además estimó que la aplicación de esta iniciativa podrá generar la creación de «entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo». «La finalidad final del fondo es crear empleo, por lo que será un criterio de adjudicación», afirmó.
Los recursos de este fondo se destinarán a proyectos y obras que no estuvieran previstos en los presupuestos municipales para 2009, y deberán ejecutarse de manera inmediata, licitándose antes de un mes desde la resolución de autorización emitida por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. Las obras deberán realizarse a lo largo de 2009 y deberá justificarse su finalización en el primer trimestre de 2010. Este plazo podrá extenderse seis meses más si hay causa justificada.
Proyectos para acogerse al fondo
Los proyectos que podrán acogerse al fondo deben ser de competencia municipal. En particular se entienden incluidos los de adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urbanos, así como de promoción industrial; los equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones; las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos.
También los dirigidos a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, las de gestión de residuos urbanos, así como las orientadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética; los de supresión de barreras arquitectónicas; los de conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del patrimonio histórico del municipio.
Por último, los proyectos de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales; los dirigidos a promover la movilidad sostenible urbana y los encaminados a mejorar la seguridad vial; los de prevención de incendios y los destinados a la promoción del turismo.
El importe de cada proyecto de inversión a realizar con cargo a este fondo no podrá superar los 5 millones de euros. En el caso de las mancomunidades y agrupaciones de municipios, el coste máximo de cada proyecto también será de 5 millones de euros, aunque el importe total debe desglosarse en las cantidades que corresponden a cada municipio, que les serán descontadas de la cifra de los fondos que le sea asignada en función de su población.
El real decreto-ley establece además que los ayuntamientos deberán abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización del contrato en los plazos establecidos.
Peticiones hasta el 24 de enero
El procedimiento para acceder a estos fondos se podrá tramitar por vía electrónica en su totalidad, a través de la página web del MAP (www.map.es), por lo que Salgado recalcó que se trata de un «reto» para su Departamento. Para la realización telemática de estos trámites, los ayuntamientos deberán contar con un certificado digital.
En todo caso, la tramitación de estos proyectos se realizará con todas las garantías que establece la Ley de Contratos del Sector Público, y la Intervención General del Estado controlará la correcta aplicación de los recursos del fondo.
Las corporaciones locales podrán presentar sus peticiones para financiar proyectos en la página web de Ministerio desde el 10 de diciembre de este año y hasta el 24 de enero de 2009. El reparto de los fondos se hará teniendo en cuenta el criterio de población, y las cantidades financiadas cubrirán el coste total de los proyectos.
Todos los consistorios podrán obtener recursos del fondo hasta el importe máximo que para cada municipio se determine en función de su población. Consistorios y mancomunidades presentarán sus solicitudes en la web www.map.es, que irán dirigidas a las subdelegaciones del Gobierno y, en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, a las delegaciones del Gobierno.
Éstas verificarán que los proyectos cumplen las condiciones en un plazo no superior a diez días. En otros diez días, la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial dictará la resolución de autorización para la financiación de los proyectos, que será publicada en la página web del MAP.
Tras la adjudicación de las obras financiadas y la presentación de los correspondientes certificados por vía electrónica, el Gobierno aportará a las entidades locales el 70% del coste de adjudicación del proyecto, y el resto de la inversión será abonado al finalizar la actuación. Los municipios con menos de 200 habitantes, previa autorización excepcional del MAP, podrán llevar a cabo la ejecución de las obras directamente, sin necesidad de contratar con un tercero.
Esta tarde estará disponible en la web del MAP el listado de los 8.112 municipios españoles con la cuantía máxima que pueden recibir según su población. Salgado adelantó, asimismo, que se reunirá con todos los delegados y subdelegados de Gobierno para «darles instrucciones» durante dos días de cara a la gestión de las peticiones.