El Gobierno mexicano raramente publica datos sobre esos asesinatos (conocidos popularmente como «ejecuciones»), por lo que las cifras extraoficiales de El Universal, el único periódico de México que hace un recuento diario y lo difunde cada jornada, se convierten casi en la única referencia disponible.
El martes, según el rotativo, murieron en el país 35 personas, en un día en el que, además, 13 agentes resultaron heridos en un ataque con granadas lanzado por desconocidos contra una academia de policía de la ciudad de Durango, en el norte de México.
El domingo fueron hallados nueve cadáveres decapitados en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con EEUU, entre ellos los de tres policías. Esta sanguinaria práctica se ha convertido en un ritual para algunos grupos y se repite semana tras semana.
Si bien el Gobierno asegura que está ganando la guerra al narcotráfico, la espiral de violencia se intensifica.
Los primeros 1.000 muertos del año fueron registrados en 113 días, los 2.000 en los 73 días siguientes y los 3.000 en los 60 posteriores, los 4.000 en los 48 ulteriores, y los restantes 1.031 en los últimos 42, refiere el rotativo.
Chihuahua, el estado más violento
Sólo Tlaxcala, un pequeño estado del centro de México, no ha registrado muertos por ese delito entre los 32 que integran el país, mientras que el más violento continúa siendo el norteño de Chihuahua, donde en lo que va de año fueron asesinadas 2.001 personas.
En los dos primeros años de gestión de Calderón, cumplidos el domingo pasado, han sido detenidas 53.000 personas vinculadas al narcotráfico, entre ellas algunos capos, e incautadas más de 70 toneladas de cocaína y 3.700 de marihuana, así como 28.000 armas y tres millones de cartuchos.
Además, se lograron grandes decomisos en operativos individuales de cocaína (23 toneladas), dinero en efectivo (205 millones de dólares) y armamento (500.000 cartuchos, 278 armas largas, 126 cortas y cerca de 300 granadas).
Expansión de los cárteles
Sin embargo, pese a que Calderón ha enviado a miles de soldados a las calles de los estados más conflictivos, tanto las muertes violentas como la presencia geográfica de los cárteles mexicanos continúan en expansión.
Hace tres días en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, fronterizo con México, murieron 17 personas en un enfrentamiento entre dos grupos de narcotraficantes. Ese choque armado fue atribuido por el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, al cártel mexicano del Golfo.
Las actividades de los narcotraficantes mexicanos en Perú llevaron al presidente de ese país, Alan García, a expresar la semana pasada su preocupación por la creciente penetración de esos grupos y pedir a México el envío de policías antinarcóticos.
La internacionalización de los «barones de la droga» ha sido reconocida por países como Colombia, donde está documentada la creciente colaboración entre narcotraficantes de ambos países.
También por Argentina, donde permanecen detenidos diez mexicanos, en una investigación por tráfico ilegal de efedrina a México, vinculada al cártel de Sinaloa, que ha extendido también su presencia a Costa Rica, país que utiliza como «almacén» de la droga.
Autoridades corruptas
Un estudio de la Cámara de Diputados de México muestra que los cárteles mexicanos obtienen ingresos por valor de 25.000 millones de dólares al año y, de ese monto, 350 millones los destinan a corromper a las autoridades.
Su poder de corrupción ha quedado al desnudo en la «Operación limpieza», que recientemente permitió la detención del director de Interpol México, Ricardo Gutiérrez Vargas, y del zar antidrogas hasta julio, Noé Ramírez Mandujano, al que se acusa de haber recibido un 450.000 dólares mensuales del crimen organizado.