domingo, noviembre 24, 2024
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Los 27 no logran un acuerdo sobre energías renovables, pero acercan posiciones

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Italia, interesada en ampliar lo máximo posible el acceso a esta vía, pidió que se permita su revisión, pero países como Alemania, España, Dinamarca y Portugal se oponen a ello, alineándose con la posición del Parlamento Europeo, según confirmaron fuentes comunitarias.

Los países que habían solicitado la revisión «están planteándose que no es absolutamente necesaria puesto que en la propia legislación comunitaria hay mecanismos para revisar la directiva si viéramos que no están funcionando los sistemas existentes de flexibilidad», aclaró Marín.

En cuanto a los países que se oponen, están dispuestos a alcanzar un acuerdo «siempre que se salvaguarden aspectos como la seguridad de suministro, los objetivos finales y que los mecanismos de apoyo a los países sigan en marcha», añadió.

Las instituciones comunitarias que intervienen en el proceso de toma de decisiones en la UE -Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo-, prevén reunirse de manera informal esta tarde para seguir avanzando hacia el acuerdo final sobre energías renovables.

Este capítulo es uno de los cuatro que incluye el paquete de cambio climático, del que también forman parte tres propuestas sobre el sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono (CO2), los esfuerzos que deberán desplegar los países de la UE para cumplir con los objetivos medioambientales y el almacenamiento geológico de CO2.

Aunque aún no ha recibido una aprobación formal, se han dado por zanjadas las negociaciones sobre el 10% de energías renovables en el transporte para el 2020.

Dentro de ese 10% no habrá finalmente una cuota mínima obligatoria para biocombustibles de segunda generación, hidrógeno o electricidad, aunque sí se prevé un sistema de bonificación para incentivar su utilización.

En relación a la eficiencia energética, el acuerdo final exigirá que el uso de biocombustibles suponga un recorte de emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 35% cuando la normativa entre en vigor, del 45% en el 2013 y del 50% en el 2017 y a partir del 2017 del 60%, (frente al 45% desde el primer momento que había propuesto el PE).

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