Ocaña repasó todas las medidas de corte fiscal aplicadas por el Gobierno desde el comienzo de la legislatura, empezando por la deducción de 400 euros aprobada en abril hasta el proyecto de ley para suprimir el Impuesto de Patrimonio y la generalización de la liquidación mensual del IVA, actualmente en tramitación parlamentaria. En él se ha incluido la libertad de amortización para elementos de inmovilizado e inversiones inmobiliarias de las empresas durante 2009 y 2010, a cambio de mantener sus plantillas.
Asimismo, destacó la moratoria de dos años en el pago de las hipotecas del 50% del crédito, con un límite de 500 euros mensuales y con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá a parados materializar este saldo hasta el 21 de diciembre de 2010. También destacó la preparación del proyecto de Ley para regular las Sociedades Cotizadas de Inversión en el mercado inmobiliario (Socimi).
Ocaña destacó que el impacto de las políticas fiscales del Gobierno socialista ha supuesto una inyección de liquidez de 16.500 millones de euros, superior a la de otros países europeos, que ha llevado también a una caída de la recaudación del 11,6% a 31 de octubre con respecto al ejercicio anterior, y a un déficit público de 8.585 millones de euros, el 0,78% del PIB.
2% del PIB recaudado por control fraude
«El sistema tributario español ha experimentado las modificaciones necesarias para adaptarse a las circunstancias especiales de la sociedad española», aseveró Ocaña, quien recordó que a los efectos de estas medidas se suman las de los cambios normativos fiscales aprobados en la anterior legislatura.
Asimismo, destacó el éxito del Primer Plan de Prevención del Fraude Fiscal 2005-2008, que ha permitido recaudar 21.258 millones de euros hasta el 31 de octubre de este año, un 2% del PIB.
«Sólo ese dinero es suficiente para financiar muchas medidas», destacó Ocaña, quien resaltó que el segundo plan que entrará en vigor en 2009 busca ser «menos costoso» en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, al tiempo que intensificará el control sobre «actividades ilegítimas claramente identificadas».