Moratinos ha hecho esta revelación en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar del tránsito de vuelos de la CIA por territorio español. El ministro ha explicado que hubo cuatro aviones estadounidenses en la base militar de Morón (Sevilla) entre enero y marzo del 2002 para atender a vuelos procedentes de Afganistán con prisioneros talibanes, los cuales nunca llegaron a hacer escala en dicho aeródromo. «No hubo escalas en territorio español de vuelos con traslado de prisioneros talibanes o de Al Qaeda de acuerdo con la información de la que hoy disponemos», ha concluido Moratinos.
Según el titular de Exteriores, la decisión adoptada por el Ejecutivo de Aznar se enmarcó en el apoyo que España brindó a la llamada ‘Operación Libertad Duradera’, liderada por EEUU tras los atentados del 11 de septiembre dl 2001 en Nueva York y fue una «decisión colectiva» de los aliados de la OTAN, matizó ayer Moratinos. La autorización de las escalas se fundamenta en un nota fechada el 11 de enero de 2002 bajo el título «Solicitud de Estados Unidos de escalas aéreas en caso de emergencia», con membrete del entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte.
El PP aplaude las explicaciones de Moratinos
Las palabras de Moratinos parecen agradar al PP, quien han mostrado su satisfación. Ayer, el diputado del PP Gustavo de Arístegui afirmó que «tenía la convicción moral» de que los vuelos de la CIA no incurrieron en ninguna vulneración de los derechos fundamentales, «ni en el Gobierno anterior ni en éste». Por primera vez en mucho tiempo, parece que Gobierno y oposición se ponen de acuerdo para enterrar éste tema que a ninguna de las partes favorecen.
De Arístegui, satisfecho con las explicaciones del ministro, ha señalado en la comisión que ninguno de los once vuelos sometidos a investigación judicial, dos realizados durante el Gobierno de Aznar y once con el de Zapatero, ha violado derechos fundamentales y no hay pruebas de que éstos trasladaran terroristas islamistas.
Los documentos
Los documentos aparecidos, ha puntualizado el ministro, siguen llevando a la conclusión de que ningún vuelo militar estadounidense violó el Convenio bilateral de Cooperación para la Defensa o la legislación española. Moratinos ha informado de que toda la documentación encontrada ha sido remitida al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que estudia el caso para dejar patente la voluntad de «transparencia y colaboración con la justicia» del actual Gobierno.
PP y PSOE, respiran, mientras el resto de partidos piden investigar
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, no se ha sentido en absoluto conforme con estas explicaciones y ha pedido a Moratinos que entregue al fiscal y al Gobierno la información que ha tenido sobre estos vuelos y ponga en marcha una comisión interministerial de investigación, formada por Defensa y Exteriores, que «vaya más allá de los papeles destruidos».
Además, le ha solicitado que revise el convenio de cooperación para la defensa firmado con Estados Unidos y especialmente el artículo que permitió al Gobierno de Aznar «relajar el control de los aviones» para que, en su lugar, se garantice «la inspección sistemática» de la carga y la identificación de los viajeros.
Se ha mostrado convencido de la «complicidad» del Gobierno con Estados Unidos y ha afirmado en su intervención que estos vuelos se produjeron con Aznar, pero también en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
Ha recordado que el Gobierno portugués ha publicado una lista de vuelos militares de EEUU que hicieron escala en Portugal, entre ellos dos que salieron de Rota (Cádiz) con destino a Guantánamo, uno el 22 de junio y otro el 3 de septiembre de 2007.
Llamazares ha pedido que se investiguen estos dos vuelos y se compruebe si se trasladó a detenidos.
En esta línea se ha posicionado igualmente el diputado del BNG Francisco Jorquera, quien le ha hecho notar a Moratinos que su información «se contradice» con algunos informes aportados sobre estos vuelos, además del de Portugal, otro de Amnistía Internacional, que menciona la utilización de dos aeropuertos gallegos (en 2002 y 2005) para realizar estas escalas.
Incredulidad con la versión que ha contado el ministro la ha manifestado igualmente el diputado del PNV Emilio Olabarria (PNV), quien ha afirmado que estos vuelos eran «ilegales» y también ha pedido que se cree una comisión de investigación.