En este ámbito, el Ejecutivo explica que los gastos ya abonados por España ascienden a 25.116.739 dólares, cantidad en la que se incluyen los honorarios de los abogados, peritos y expertos que han participado en las acciones judiciales en los Estados Unidos y en España.
El Ejecutivo informa de que el hundimiento del buque, el 19 de noviembre del 2002, además de la catástrofe natural que supuso, ocasionó al Estado un gasto de más de 1.000 millones de dólares «debido al coste de las labores de descontaminación y demás daños causados».
También señala que «ante la magnitud del desastre y su coste para el Gobierno de España», entre otras acciones judiciales decidió reclamar por estos daños, ante los tribunales estadounidenses, la responsabilidad de la empresa American Bureau of Shipping (ABS).
Esta entidad clasificadora fue la que certificó las condiciones de navegabilidad del Prestige y por ello «el Estado español entiende que es responsable de que el buque navegara sin reunir las condiciones», subraya el documento.
El procedimiento abierto se encuentra ahora en la Corte de Apelación de Nueva York, tribunal que tiene que resolver el recurso presentado por España contra la resolución inhibitoria que el 2 de enero del 2008 dictó el juzgado del Distrito Sur de Nueva York.
Este juzgado entendió que los tribunales de los Estados Unidos no eran competentes para conocer de la reclamación interpuesta por el Estado español. El Gobierno hace notar que esta decisión «no es una sentencia sobre el fondo de la cuestión».
Dinero gastado en juicios
Por estas acciones judiciales España ha gastado ya más de 25 millones de dólares, entre honorarios de abogados, peritos y expertos, se detalla en la misma respuesta parlamentaria.
Además, el Ejecutivo responde al diputado de IU que muchos de los informes y peritajes que se están empleando en el litigio de Estados Unidos sirven también para la defensa jurídica del Estado frente a las acciones abiertas contra España en los juzgados de Corcubión (La Coruña) y Rochefort (Francia).
En este sentido, recuerda en el mismo documento que el proceso de Rochefort «ha concluido definitivamente, por sentencia de 15 de mayo del 2008, totalmente favorable al Estado español».
Por otro lado, el Gobierno señala en contestación a otra pregunta parlamentaria de Llamazares que desde la catástrofe del Prestige se han efectuado 113 inspecciones de petroleros en puertos españoles, de los cuales 30 se saldaron sin deficiencias, 83 con deficiencias y 13 con detenidos.
Además, los expedientes administrativos sancionadores abiertos a raíz de las inspecciones acumularon sanciones por valor de 4.983.886 euros y también se impusieron sanciones por un valor total de 1.358.065 euros por contaminación.
Entre los años 2004 y 2008 se han incorporado 181 inspectores a las tareas de inspección de buques, a los que se sumarán 49 a lo largo del 2009, agrega la respuesta.