El acuerdo entre los Veintisiete establece que el Gobierno irlandés «se compromete a tratar de conseguir la ratificación del Tratado de Lisboa antes del final del mandato de la actual Comisión», en noviembre de 2009.
A cambio se decidió, «siempre que entre en vigor el Tratado de Lisboa», que la UE decidirá que la Comisión Europea siga teniendo un miembro por cada país comunitario.
El Tratado prevé que la CE se reduzca en número a partir de 2014, a fin de mejorar su eficacia, de forma que haya un número de comisarios igual a dos tercios del total de Estados miembros (lo que equivale a 18 en la UE de los 27), que se elegirían por un principio de rotación igual entre los Estados miembros. Sin embargo, la posibilidad de perder a «su» comisario fue uno de los puntos más sensibles en la campaña del referéndum irlandés de junio pasado en que se rechazó el texto.
Polémicos comisarios
La solución de no recortar el número de comisarios no gustaba a bastantes países europeos, ya que la CE no es una institución de representación nacional, pero finalmente se consideró un precio aceptable si ello permite que Irlanda ratifique el Tratado, una cuestión prioritaria, señalaron varias fuentes diplomáticas.
Además, la cumbre de la UE se compromete a «garantizar» que Irlanda mantendrá su política de neutralidad y que el Tratado de Lisboa no afecta ni a sus leyes sobre la familia y el derecho a la vida ni entra en las competencias fiscales de Dublín. Estas preocupaciones se tratarán para «mutua satisfacción» de la UE y de Irlanda a condición de que Irlanda contraiga el compromiso de ratificar el Tratado para noviembre de 2009.
El obstáculo irlandés
Irlanda es actualmente el principal obstáculo para la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya que el otro país que falta, la República Checa, celebrará un debate parlamentario sobre el asunto en febrero próximo. El presidente checo, el euroescéptico Vaclav Klaus ha advertido que su país no ratificaría el Tratado hasta que no lo haga Irlanda.
Si el texto finalmente entra en vigor, pondrá en marcha una reforma institucional de gran calado en la UE, que tendrá por primera vez un presidente del Consejo Europeo estable por una duración de dos años. Este presidente del Consejo asumiría buena parte del papel que actualmente ejerce cada seis meses el presidente de turno.
Además,la jefatura de la diplomacia de la UE, que actualmente ocupa Javier Solana, se denominará Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad y ejercerá también una de las vicepresidencias de la Comisión Europea. Esta nueva figura presidirá los Consejos de Ministros de Asuntos Exteriores comunitarios.
En vigor con la Presidencia española
El Tratado establece que entrará en vigor el primer día del mes siguiente al del depósito del instrumento de ratificación del último Estado que cumpla el trámite, lo que sitúa la fecha prácticamente en el 1 de enero de 2010, cuando se inicia la próxima presidencia española de la UE.
Además, habría que elegir también al presidente del Consejo Europeo, algo que no se puede hacer antes de la conclusión de las ratificaciones. Si se cumple ese calendario, España podría ser el último país de la UE en presidir todas las sesiones ministeriales y cumbres comunitarias, según el plan aprobado.
La adopción del plan supone que las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009 se realizarán según la fórmula del Tratado actualmente en vigor, el de Niza.
España y otros once países tenían asegurado en el Tratado de Lisboa un aumento del número de Eurodiputados (en el caso español pasaba de 50 a 54), por lo que el acuerdo establece una solución: se arbitrarán medidas para que esos legisladores extra asuman tras entrada en vigor del texto.
Los Veintisiete también acordaron comenzar a debatir la composición de la nueva Comisión Europea, especialmente la de su presidente, «sin demora» tras las elecciones europeas de junio.