Este letrado explicó que los clientes deben verificar en primer lugar que el banco gestor del producto afectado ha cumplido sus obligaciones de vigilancia y protección del inversor, lo que en el caso de no haber ocurrido les habilitaría a reclamar por la vía civil una compensación.
Con esta tesis coinciden en el despacho catalán Jausas, donde añaden que los procesos de diligencia debida que están obligados a realizar los gestores de «hedge funds» -como es el caso del Banco Santander- buscan comprobar las garantías de la solvencia del administrador del producto a través de factores como la calidad del auditor o los ratings asignados.
Si el gestor del producto hubiera incumplido sus obligaciones, establecidas en la Circular 1/2006 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre regulación de «hedge funds» o fondos de inversión libres, los clientes afectados podrían interponer una demanda de responsabilidad civil por mal asesoramiento.
El director de la oficina de Cuatrecasas en Nueva York, Albert Garrofé, recuerda que la legislación estadounidense es más bondadosa que la española en cuestiones de reclamaciones, por lo que a priori destaca la posibilidad de personarse en la causa penal en Estados Unidos, donde previsiblemente se intentarán buscar responsables civiles subsidiarios que afronten las consecuencias del fraude.
Esa opinión es compartida por el socio del despacho especializado en derecho penal-económico Luis Jordana, quien pone de manifiesto que en principio resultaría «más eficaz» acudir a los tribunales estadounidenses con el objetivo de recabar toda la documentación que apoye la búsqueda de un responsable civil subsidiario.
En este sentido, el socio director de Eversheeds Lupicinio, Lupicinio Rodríguez, apunta a los auditores como uno de los principales responsables del presunto fraude cometido, al tiempo que descarta que algún banco español se haya excedido de sus mandatos.
Otras fuentes, sin embargo, tampoco descartan la posibilidad de plantear una denuncia como medida de presión a las entidades financieras españolas, dado que la relación contractual se firmó en España.