La propuesta se ha elaborado de conformidad con los informes realizados por los Ministerios de Economía y Hacienda, y de Administraciones Públicas.
En concreto, el Ejecutivo fundamenta este recurso en que la norma, «al establecer fórmulas de ponderación, provoca que el sistema de representación de las corporaciones locales y de los impositores en la asamblea general sea contrario al criterio de proporcionalidad establecido en la Ley estatal de órganos rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), de 2003», señaló De la Vega.
Este criterio de proporcionalidad figura en el artículo 2.3 de la LORCA, al determinar que «cuando las cajas de ahorros tengan abiertas oficinas en más de una comunidad autónoma, la representación en la asamblea general de los distintos grupos (entre ellos, el de corporaciones locales y el de impositores) deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos».
La creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad de Madrid y otra para los municipios del resto de comunidades en que una caja de ahorros madrileña tenga oficinas abiertas- en combinación con las fórmulas de ponderación que se introducen, «producen como resultado una desviación de la regla de proporcionalidad establecida en la LORCA», según el Gobierno.
En el caso de la representación de las corporaciones locales, esta desviación se proyecta tanto sobre el reparto de consejeros entre las dos circunscripciones como en el reparto de los consejeros correspondientes a cada municipio.
Cambio de las reglas de procedimiento
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, se remontó al origen del asunto, al recordar que se inicia un proceso de elección en Caja Madrid que coincide con unas normas «tomadas correctamente» por la Comunidad de Madrid, pero ya en el momento en el que el procedimiento estaba en marcha, «de forma un poco chocante, en el sentido de que parece razonable de que las normas o las reglas del juego se cambien antes de que el juego empiece», dijo.
Solbes justificó la actuación del Gobierno al señalar que es del interés del Ministerio de Economía saber si las normas que se aprueban por los gobiernos autonómicos son coherentes con la legislación actualmente en vigor, y reconoció que, aunque era una percepción suya «y de todo el Gobierno», se trata de un tema «discutible», donde hay argumentos a favor y en contra.
El vicepresidente segundo explicó que, en vista de ello, el Ejecutivo tomó la decisión que parecía «más razonable», que era enviar el asunto al Consejo de Estado para que diera su opinión.
«En su informe se dice de forma casi textual que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad. Con esa recomendación, es muy difícil no actuar. A partir de ahí, la incidencia política que pueda tener, se me escapa», manifestó.
El Ayuntamiento cree que les darán la razón
Desde el Ayuntamiento de Madrid Manuel Cobo, se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a sus argumentos en el conflicto que mantiene con la comunidad autónoma por su representación en los órganos de gobierno de esta entidad financiera.
«Con el máximo respeto a todos, creemos que el Tribunal Constitucional dará la razón a los argumentos que hemos defendido desde el principio y que hoy vemos que el Gobierno ha hecho suyos», ha declarado Cobo tras conocer la decisión del Ejecutivo.
Para el Ayuntamiento, la Ley de Cajas de la Comunidad «conculca la legislación básica estatal y por tanto puede ser inconstitucional», en concreto en lo que se refiere a los nuevos criterios de designación de consejeros, que «no cumplen los criterios de igualdad y proporcionalidad» que establece la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA).
Cobo ha recordado que el Ayuntamiento también ha recurrido ante la justicia por este motivo, en su caso para solicitar la anulación de la resolución del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, por la que se autoriza el proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid de acuerdo a la nueva Ley.
Sin embargo, ha añadido, el Ayuntamiento «no tiene la legitimidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad que sí tiene el presidente del Gobierno de España».
Ha destacado además que si el Gobierno ha tomado esta decisión es porque cuenta con el respaldo del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que de ese modo, «lógicamente», ha dicho, «tiene que compartir los criterios que ha mantenido el Ayuntamiento».
El vicealcalde madrileño ha querido dejar «muy claro» una vez más que el Ayuntamiento «solo ha defendido los intereses de los madrileños», ya que considera que la reducción de sus representantes en los órganos de gobierno de Caja Madrid supone una «discriminación» para los ciudadanos de la capital respecto a los de otros municipios de la región.