Especial énfasis hizo en la retribución de los administradores concursales, los que nombra un juzgado para gestionar una empresa insolvente, que señaló que «aún está a tiempo de modificarse», porque todavía no se ha desarrollado reglamentariamente.
El presidente de REFor explicó que la asociación pidió al Ministerio de Justicia la creación de una provisión de fondos para que el administrador concursal pudiera cobrar sus honorarios.
«Ahora se dice que se detraerá un porcentaje de los que cobran para los que no cobran, con lo cual, quienes va a financiar esta falta de diligencia serán los empresarios diligentes, y se premiará el dolo de aquel empresario que llega al concurso sin activo», dijo.
Otro de los aspectos que REFor considera perjudicial de la nueva Ley Concursal es que los tres administradores concursales -dos con formación económica y otro jurídica- se reducirán a uno en buena parte de los casos.
Además, el Registro de Economistas Forenses califica de «sorprendente» que sea la administración concursal la que pague los gastos de los expertos independientes que valoran los activos, y no la propia empresa, como hasta ahora, porque ello supondrá reducir hasta un 50% los ingresos que finalmente reciben por su trabajo.
Aspectos positivos
Entre los aspectos «positivos» de la reforma, Casanellas subrayó que la posibilidad de una liquidación anticipada a propuesta de la compañía concursada permitiría que se inicie la liquidación al solicitar el concurso, «y no al cabo de un año y medio, como ahora».
Asimismo, destacó la imposibilidad de que se anulen los acuerdos de refinanciación, siempre que sean suscritos por un mínimo de tres quintos de los acreedores.
Esa medida, a su juicio, puede posibilitar que muchas compañías consigan «restablecer la confianza de sus acreedores» mediante una planificación adecuada evitando los costes del concurso.
También aplaudió la ampliación del plazo vigente para solicitar el concurso cuando se cumplan determinados requisitos y la restricción de los casos en que se prohibía al concursado presentar una propuesta anticipada de convenio.
Sobre la simplificación de la publicidad del concurso, Casanellas valoró que el anuncio del BOE sea gratuito y que se cree un Registro Público Concursal accesible a través de internet, porque supondrá una «mejora en la transparencia informativa».