Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, en el documento se invoca la suspensión cautelar por cinco meses de la normativa autonómica en la que se incluye la ley de cajas, aprobada en diciembre y en vigor desde comienzos de este año, con el objetivo de regir el proceso electoral iniciado en octubre en Caja Madrid.
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, impugna el artículo 28 y 12 de la citada norma autonómica, que en el caso del primero alude al régimen de elección de los consejeros de Caja Madrid, que alterarían «frontalmente» el modelo participativo establecido en la legislación estatal.
El artículo 12 se refiere a la nueva regulación del personal fijo que trabaje en instituciones o centros sanitarios.